La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó, mediante un comunicado oficial, su preocupación por la reciente decisión judicial que desconoce el contrato de concesión del peaje en la zona de Conchán.
“(Esto) genera un grave precedente para el futuro de la infraestructura vial en el Perú”, se pude leer.
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En defensa de la inversión privada
De acuerdo con AFIN, este fallo no solo pone en riesgo los proyectos actuales, sino que condena al país a mantener carreteras en mal estado y a seguir dependiendo exclusivamente de un presupuesto público que resulta insuficiente para cerrar la inmensa brecha vial existente.
Actualmente, el 17% de las vías nacionales, el 76% de las regionales y el 97% de las rurales —apunta— no están pavimentadas. Es decir, el 81% de las carreteras totales.
“Al ritmo de la inversión pública, se necesitarían 197, 880 y 4 821 años, respectivamente, para construir el pavimento de solución definitiva. Brechas que no se cerrarán sin la participación de la inversión privada”, estima AFIN.
Dado que el presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir estas necesidades, las Asociaciones Público-Privadas (APP) son esenciales para financiar, ejecutar y mantener proyectos de infraestructura vial.
“Estos esquemas se rigen por contratos que establecen claramente las tarifas —peajes— como mecanismo legítimo de retribución a la inversión privada para ir repagando los compromisos asumidos, así como la operación y mantenimiento de las infraestructuras", complementa.
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¿Perú sin seguridad jurídica?
Desconocer las tarifas pactadas, agrega AFIN, equivale a decirle a los inversionistas que en el Perú no hay seguridad jurídica, lo que afectará negativamente la inversión a largo plazo.
Además, esto significará que millones de peruanos en todo el país seguirán sin acceso a carreteras y permanecerán desconectados de centros urbanos, mercados y servicios esenciales.
“En el caso específico de Conchán, AFIN observa con extrañeza que se exija la habilitación de una vía alterna, cuando existe la Panamericana Sur antigua, recientemente remodelada y de libre tránsito, que conecta a Lurín y otras zonas del sur. Cabe recordar que las vías alternas no son una obligación exigible”, remarca.
AFIN confía en que las instancias superiores del Poder Judicial corregirán esta decisión, la cual “carece de sustento técnico y jurídico y pone en riesgo el futuro del sistema de concesiones en el país”, finiquita.
