La inseguridad ciudadana en Perú alcanza niveles alarmantes. Los actos extorsivos vienen creciendo de manera exponencial en todo el país y los empresarios ya no son las únicas víctimas, sino que la criminalidad ha alcanzado también a colegios, entidades bancarias, municipalidades y otras instituciones.
De acuerdo con el Segundo Observatorio del Crimen y la Violencia, un 21% de peruanos y un 27% de limeños afirma que ellos o alguien que conocen han recibido alguna comunicación amenazante o extorsiva en los últimos tres meses.
Carlos Basombrío, ex Ministro del Interior y coautor del reporte, indicó que este 27% de la población limeña, que señala haber experimentado o conocer a alguien que ha vivido una situación de extorsión, equivale a 1.7 millones de personas.
La mayor concentración de casos se da en los niveles socioeconómicos C, D, E, añadió.
Basombrió mencionó que, a esta situación, se le deben sumar las más de 50,000 denuncias acumuladas por el delito de extorsión en los últimos tres años.
“La gente denuncia poco y aún así ha habido más de 20,000 denuncias solo en el 2024. Esa es la punta del iceberg y así hay que entenderlo”, precisó.
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Por su parte, Enrique Castro Exdirector De Seguridad Ciudadana del Mininter, señaló que para analizar el crecimiento de denuncias, se debe considerar que apenas el 13% de los hechos delictivos son denunciados. Entonces, “el dato que se muestra está subvalorado, pues en la realidad la cifra es mucho mayor”, dijo.
Al respecto, explicó que la lectura de denuncias solamente está funcionando como un “conteo de palitos”, pero no se está analizando el fenómeno en sí; porque es distinto la extorsión que sufren las a la que padecen los trabajadores de construcción civil o la de los colegios.
“Tenemos una una mirada bastante superficial del fenómeno extorsivo en la medida que solamente estamos contando palitos y no caracterizando la diversidad del fenómeno”, manifestó.
¿Qué hay detrás del bajo índice de denuncias?
César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), consideró que la modalidad de la extorsión tiene una alta cifra de “no denuncia”, la personas no denuncian por una serie de factores.
“Principalmente, el miedo, la falta de respuestas adecuadas del gobierno y la corrupción de las instituciones públicas; este conjunto de elementos tiene que ver directamente con la problemática”, mencionó.
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Enrique Castro coincidió en que si bien el miedo es uno de los principales motivos por el que las personas muchas veces no denuncias los casos de extorsión, en los últimos años se han sumado otras razones como la desconfianza en la Policía y la corrupción en el sistema.
A ello, se le debe sumar que no existen políticas de protección al denunciante o de confidencialidad, lo cual podría ayudar a que la víctima pueda denunciar algún delito.
“Por más que la olicía pida a la ciudadanía a hacer las denuncias. En muchos casos mediatizados la persona va a hacer la denuncia e inmediatamente la están llamando para insultarla y coaccionándola por haber ido a la comisaría”, detalló.
“Uno podría evaluar, por ejemplo, cuántos fiscales fueron denunciados o separados de la institución durante el 2024 por estar vinculados a organizaciones criminales. La misma misma pregunta podría hacerse con servidores del poder judicial y efectivos policiales”, anotó Castro.
Entonces, se puede concluir que hay poca fiscalización y baja rendición de cuentas por parte del personal de las instituciones. Castro mencionó que hay un halo de impunidad en torno al sistema judicial y policial que pareciese estar siendo difuminado desde el Gobierno Central y el Congreso.
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Impacto en la economía y empleo
El documento también resalta los impactos del crimen organizado sobre la economía familiar. A nivel nacional, un 23% de encuestados afirma que ellos o alguien que conocen han visto afectada su economía por delitos como la extorsión o el cobro de cupos.
La afectación económica es mayor en los niveles socioeconómicos C (29%), D (26%) y E (24%).
Enrique Castro comentó que no hay dudas que los niveles de extorsión que estamos viendo en el país generan una ralentización de la economía, lo cual también frena la generación de empleo.
“Ya hay un grupo importante de renuncias a partir de las extorsiones, personas que se van del país para para salvar sus vidas en medio de la de la situación criminal. Entonces, sí hay una hay una afectación directa directa e indirecta en las economías. Y eso que aún sigue siendo un proceso extorsivo en crecimiento”, explicó.
Por su lado, César Ortiz refirió que las cifras de extorsión vienen en aumento porque no se habla solo de percepción, sino también de victimización. Dicho esto, lo que que falla es la falta de una política de Estado anti delito para diseñar planes y estrategias adecuadas.
“La inacción de este Gobierno facilita el accionar delictivo, muchos emprendedores en los últimos se han ido del país, por la inseguridad que hoy vivimos. Tenemos la visión de que hablamos de un mediano a largo plazo, para reducir paulatinamente número y frecuencia delictiva. En el corto plazo no habrá mayores cambios, puesto que el Gobierno insiste en más de lo mismo, con ello serán los mismos resultados”, ratificó.
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Hace falta un cambio de enfoque
Enrique Castro mencionó que solo se esta mirando el problema desde un subsistema de control y persecución que es el de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE.
Sin embargo, consideró que la problemática debe analizarse de una manera conjunta con otras entidades públicas, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, entre otras.
“Existen trabajadores ambulantes que no están regulados, pero vienen siendo (de alguna u otra manera) por el crimen organizado; lo mismo ocurre con las trabajadoras sexuales. Ante la ausencia del Gobierno y de entes reguladores, se abre un espacio para que el crimen organizado ingrese a regular”, dijo.
Entonces, Castro indicó que se debería entrar en una etapa de neoregulación respecto de estos nudos críticos de la economía peruana, que está asociada no a la percepción, sino a la regulación.
Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con más de 6 años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.
