:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/RQN5HNPHRRBG7IVHPIGQFAA2BM.jpg)
El precio del pollo inició abril ubicándose en S/ 9.90 el kilogramo en los mercados minoristas de Lima y Callao, un precio que se ha mantenido en los últimos días pero que también refleja un alza de 24% respecto a abril del 2021, de acuerdo a cifras oficiales.
Junto al pollo, el kilo de huevo también subió y en los mercados se ofertó en la última semana en casi S/ 6.70. La cadena de producción de ambos productos junto a otras carnes, la harina de trigo y fideos ingresarán en la lista de productos que quedarían exonerados del pago del Impuesto General a la Ventas (IGV) de manera temporal, según lo ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como alternativa para mitigar la inflación en los alimentos de primera necesidad.
Será el Congreso de la República el que defina la aprobación del proyecto de ley y, lo más importante, la vigencia del mismo. Y es que para los economistas consultados para esta nota, la temporalidad -de entre tres a cuatro meses máximo- debe primar en el texto consensuado para no generar un mayor riesgo fiscal y otros efectos en la economía peruana.
Efectos
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, adelantó que la medida propuesta significaría para el Estado dejar de recaudar S/ 50 millones por lo menos.
Pero, ¿se sentirá la exoneración del IGV en los bolsillos de la población? “Esa es una de las principales preocupaciones”, señala el exviceministro de Economía, Carlos Casas, quien explica que en el mercado local existe rigidez en los precios y que en toda la cadena, parte del efecto de la exoneración se quedará siempre con el productor. Hará falta un seguimiento oportuno.
Pero la mayor preocupación para Casas como para el economista Jorge Gonzáles Izquierdo es que la medida -considerando experiencias previas- pase de temporal a permanente.
“Los precios de los alimentos están subiendo por factores transitorios, por la invasión rusa a Ucrania, y no puedes responder con políticas permanentes. Si el MEF dice que la exoneración es transitoria le diría mentiroso porque quien lo va a decidir es el Congreso, a ver si el Legislativo elimina la exoneración cuando los precios comiencen a normalizarse, será un caos”, subrayó Gonzáles Izquierdo.
A ello, Casas agrega que la decisión de exonerarlos temporalmente va también contra la política de aumentar la presión tributaria y se podría incurrir, más bien, en elevar el endeudamiento público para cubrir el hueco fiscal que generaría la medida. “Solo si tuviéramos un buen año de recaudación se podría manejar, y sería posible gracias a la minería solo si los conflictos mineros también pararan”, manifestó.
Un factor adicional a considerar es que la exoneración del IGV tendrá un impacto sobre la eficacia sobre la que trabaja la economía. Nuevos sectores privilegiados en los que otros buscarán invertir dejando de lado sectores menores que necesitan capital para desarrollarse, con un impacto en la rentabilidad social.
Gonzáles Izquierdo, que aconsejó al Congreso de la República no aprobar la medida, señala que una propuesta más eficaz sería la entrega de subsidios directos tal y como se ha planteado para el gas licuado de petróleo (GLP) a través del vale FISE (Fondo de Inclusión Social Energético).
“El Estado tiene identificados a quienes sí necesitan el apoyo y a quienes no, a través de sus programas sociales, ollas comunes, otros sistemas, porque si exoneras para todos, vas a estar beneficiando mejor a un segmento de la población que tendrá la posibilidad de ahorrar más frente a una población pobre que seguirá comprando lo mismo o incluso menos”, señaló.
Por su parte, Casas también incidió en que el apoyo debe partir por solucionar el problema de aquella población que está perdiendo capacidad adquisitiva ante el alza de precios; aunque también agrega que los problemas con la bancarización y la mala experiencia con los últimos bonos podría tomar más tiempo para que el apoyo llegue de manera oportuna.
A mediano plazo, sin embargo, José Oscátegui, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dijo a Gestión.pe que deben fomentarse campañas que reemplacen los insumos importados por los nacionales. En el caso del pan de trigo, por ejemplo, difundir el uso de cebada, quinua o kiwicha, entre otros. “En el caso del pollo es difícil reemplazarlo con otra carne, pero hay que comenzar a buscar opciones”, mencionó.
Finalmente, Casas recordó que el Estado deja de recaudar al año casi tres puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) por beneficios tributarios a diferentes sectores. Al respecto, opinó que debería comenzar a evaluarse modificaciones a la ley de exoneración de impuestos a la Amazonía y plantearlo solo para algunos productos esenciales.