
Ante los altos niveles de informalidad, flota antigua y falta de integración de los servicios de transporte formalizados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) plantea un proyecto para promover inversiones bajo el modelo del Sistema Integrado de Transporte (SIT) como parte del pedido de delegación de facultades legislativas.
Según explicó el titular del MTC, Aldo Prieto, la implementación del sistema permitiría ordenar el sector de transportes en medio de una situación que genera congestión, accidentes, robos y extorsiones.
El ministro cuestionó que la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, vigente desde 1999, no define ni desarrolla el modelo de formalidad a través del sistema integrado de transportes, lo que ha generado un vacío que impide a los distintos niveles de gobierno ordenar el servicio público de transporte terrestre de personas.
“La propuesta normativa refuerza la seguridad jurídica necesaria para ejecutar proyectos de inversión de transportes integrados, permitiendo que el Estado incentive al operador, al transportista formal y desincentive al informal, pasando a tomar un rol activo en el desarrollo de sistemas integrados de transporte, no solo en Lima y Callao, reduciendo la informalidad y los espacios en donde opera la delincuencia”, comentó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República.
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Otro proyecto que impulsará el MTC en el pedido de facultades es la creación de un marco legal para declarar en emergencia el servicio público de transporte cuando este se vea severamente afectado.
De acuerdo con Prieto, las actuales normas no permiten una actuación rápida ante desastres naturales, interrupciones viales o situaciones de peligro inminente que paralizan rutas críticas y generan desvíos o sobrecargas de tránsito.
“Resulta de urgencia contar con un marco legal que habilite al ente rector del sector transporte para declarar la emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante la afectación o peligro inminente de afectación de la infraestructura vial que puede generar desvíos y sobrecarga de tránsito, propiciando así espacios donde la delincuencia actúa”, sostuvo.
Asimismo, indicó que con esa medida se evitaría el incremento de costos logísticos asociados a cierres de vías, reducción de pérdidas económicas por interrupciones prolongadas y disminución de la probabilidad de accidentes en infraestructura dañada.









