En el último tiempo, ha sido recurrente oír de nuevos casos iniciados o resueltos contra el Estado peruano en instancias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Y aunque en los casos desfavorables resuenan los montos por pagar, poco se sabe sobre cuánto representa ello para la economía peruana.
Pero en el recientemente publicado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hay una forma de dimensionarlo, al menos en términos de afectación al Producto Bruto Interno (PBI) del Perú.
Bajo la etiqueta de “pasivos contingentes explícitos”, el ministerio precisa, incluso caso por caso, el golpe que significarían para las cuentas fiscales tener resultados adversos en diferentes instancias internacionales. Aquí un resumen de lo que indica el MEF y lo que nos dicen estos datos sobre la seguridad para las inversiones en nuestro país.
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El peso de las controversias en el PBI
En el MMM, el MEF divide en tres tipos los llamados contingentes explícitos para las finanzas públicas. Estos son procesos judiciales, administrativos y arbitrajes; controversias internacionales en inversiones vistos en el CIADI; y contingencias explícitas asumidas en contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP).
De acuerdo al MEF, la exposición máxima a estos componentes en 2024 alcanzó un valor de 9.28% del PBI, lo que serían unos US$ 30 mil millones, de acuerdo al ex ministro de Economía, José Salardi. ¿Cómo hay que interpretar ese valor? De la siguiente manera, según su explicación.
“Un pasivo contingente puede activarse, como que no. Esa exposición máxima es un tope. Básicamente es la situación en la que todo eso resulte adverso para el Perú, el peor de los escenarios”, señaló a Gestión.
De las tres variantes, el MEF resalta que el pasivo contingente que más pesa en el PBI son los procesos judiciales, administrativos y arbitrajes (5.89%). Dentro de ello hay un poco de todo: demandas contra EsSalud, la ONP, otras frente a gobiernos regionales y empresas públicas no financieras.
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¿Camino fácil para llegar al CIADI?
Respecto a las controversias por inversiones que llegan al CIADI, en el MMM el MEF detalla, de los 26 casos activos en este tribunal, cuál sería su exposición máxima al cierre del 2024 sobre el PBI del país.
Destacan aquí, por nombre de los demandantes, los casos frente a Odebrecht (0.48%), Telefónica (0.46%) y Metro de Lima Línea 2 (0.34%). Sin embargo resaltan también las demandas para las que, si bien están activas, el MEF no determina un valor de exposición.
Sobre ello, la cartera precisa en el MMM que “es importante tener en cuenta que, en algunos casos, las pretensiones económicas presentadas ante el CIADI se tratan de montos sobredimensionados y sin mayor sustento económico”.
De igual forma, el MEF recuerda que, a la fecha, de 32 casos culminados en este tribunal, solo 9 han resultado siendo desfavorables a los intereses del Estado peruano “y cuyos montos reconocidos a favor de los inversionistas no han resultado significativos en relación a sus pretensiones, que no han afectado de forma sustantiva en las cuentas fiscales“.
Al respecto, Ricardo Ampuero, expresidente del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) del MEF, resaltó que Perú se ha acostumbrado a firmar contratos que colocan al CIADI como la instancia a recurrir ante cualquier disputa.
“Es cierto que en los últimos años Perú figura como uno de los más demandados, pero tenemos una particularidad. En la mayoría de contratos se incluyen cláusulas CIADI. Comenzó en los noventa, como una estrategia para atraer inversión, luego de haber pasado por un periodo largo de hiperinflación”, acotó.
Lo que señala Ampuero está respaldado en datos recientes. En el informe de ProInversión “Buenas Prácticas en Asociaciones Público-Privadas: cláusulas de solución de controversias en contratos de APP en Perú”, de julio, la agencia indica que el 71% de los contratos del país designan al CIADI como institución competente.
Lo anterior, a criterio de Ampuero, dice que en Perú se pueden iniciar arbitrajes ante el CIADI por reclamos contractuales y no solamente respecto a la vulneración de algún tratado dentro del marco del derecho internacional público.
“Por suerte, sé que ProInversión ya está cambiando esta política. Para incluir una cláusula CIADI deben analizarse varias cosas. Hasta hace poco las líneas de transmisión y las de metro tenían el mismo camino para resolver controversias”, sostuvo.
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¿“Exposición máxima” podría repuntar?
Una revisión de los últimos MMM deja ver que la exposición máxima calculada por el MEF en los últimos años se ha venido reduciendo. Como ya se dijo, en 2024 se calculó una representatividad de 9.28% del PBI. En 2023 fue de 10.86% del PBI, pero en 2022 fue de 9.92%. En 2021 el MEF estimó que su peso sería de 12.01% del PBI y en 2020 de 12.70%.
Para José Salardi, es muy pronto para señalar si lo anterior empieza a marcar una tendencia a la baja en los años, sobre todo porque hay casos, como el de la Línea 2 del Metro en el CIADI, cuyos laudos el MEF ha logrado suspender y su cierre no se conocerá en el corto plazo.
“Es el caso más grande que hemos perdido y por ahora no se activará como pasivo contingente. Probablemente lo haga en 2026. Los árbitros se toman su tiempo para analizar y pronunciarse”, recordó.
A ello sumó Ampuero lo siguiente: si bien ProInversión ya cambió el enfoque con las “cláusulas CIADI” en los contratos, aún varios de ellos la tienen y podrían presentar controversias eventualmente.
“Su efecto se verá todavía a largo plazo. Nosotros ya tenemos una cartera bastante grande de contratos firmados con esas cláusulas. Por eso una reducción en la exposición máxima, que es el peor escenario posible, se vería todavía en varios años”, aseguró el ex presidente del SICRECI.
Materialización de las contingencias este año
“Para este 2025 se estima que la materialización esperada de las contingencias explícitas ascendería, aproximadamente, a 0.87% del PBI del 2024”, refirió el Ministerio de Economía y Finanzas en su reciente MMM.
Con esta información en mente, es importante precisar que la “exposición máxima” y la contingencia esperada son conceptos distintos.
El MEF explicó a Gestión que la exposición máxima refleja el escenario más adverso posible para las finanzas públicas, es decir, la eventualidad de que todos los riesgos asociados a contingencias explícitas (procesos judiciales, arbitrajes internacionales, compromisos en Asociaciones Público Privadas, entre otros) se activen al mismo tiempo.
En cambio, la contingencia esperada (0.87% del PBI para este año), corresponde a los pagos probables que el Estado podría efectuar en un año específico, considerando la probabilidad de ocurrencia de cada contingencia.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
