La mejora del Servicio Civil, entiéndase de los funcionarios públicos, es una de las reformas clave para que la economía peruana recupere el grado de crecimiento que tuvo hace décadas, con un mayor PBI potencial. Esta misión corresponde a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Y, aunque esperan acelerar este proceso, ya que todas las instituciones del Poder Ejecutivo ingresarían al Servicio Civil este año, un proyecto del Congreso amenaza el procedimiento.
En total, hasta agosto, 177 entidades de este nivel de gobierno pasarán al régimen laboral estatal que vigila Servir, según comenta Ana Pari, presidenta de la entidad a Gestión. Sin embargo, la bancada de Perú Libre acaba de presentar una propuesta que podría evitarlo.
Motivado por un sindicato del Poder Judicial, el congresista Waldemar Cerrón busca eliminar la Ley Nº 30057, norma que precisamente crea el Servicio Civil. El fundamento, según detalla el proyecto de ley, es que recientes cambios a dicha norma afectan los derechos laborales.
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Miedos infundados
A finales del 2023, el gobierno publicó el Decreto Legislativo Nº 1602 (D Leg.), dispositivo legal que introdujo cambios a la Ley del Servicio Civil. De acuerdo con el proyecto de Cerrón, estas modificaciones son inconstitucionales y atentan contra los “derechos ganados” de los trabajadores sindicalizados.
Concretamente, el congresista cuestiona que se haya establecido que los funcionarios bajo la Ley Servir estarán sujetos a evaluaciones periódicas de rendimiento por puesto con metas específicas “vinculados a los resultados esperados por la entidad pública o a la optimización de la gestión interna”, según el mismo decreto.
Sin embargo, para Cerrón, la evaluación de rendimiento por resultados atenta contra la estabilidad laboral de los trabajadores públicos. “No debe contribuir a que el trabajador este en esa desesperación de que mañana estará desempleado sino muy por el contrario debe ser un compromiso de ambas partes es decir en el trabajador y el empleador midiendo capacidades humanas y no cuantificadas”, se lee en el proyecto.
En respuesta, Pari, presidenta de Servir atribuye estas acusaciones a desconocimiento del propósito de la entidad que preside. “Apunta a miedos infundados de organizaciones sindicales. No hay ninguna condición que establezca despidos masivos”, afirma.
Según explica Pari, la evaluación contemplada busca reconocer al buen trabajador público que cumple su propósito funcional en el Estado y demuestra capacidad para ser ascendido a mejores posiciones.
“Si no cumple la meta no se le desvinculará directamente. La entidad debe averiguar qué ocurre para que no cumpla y puede darle capacitaciones. Tendrían que ser dos años seguidos de incumplimiento para hablar de una desvinculación”, asegura la presidenta de Servir.
Vale decir que la propuesta de eliminar la ley que crea Servir no es ocurrencia de Cerrón. El mismo congresista adjuntó en su proyecto de ley una carta de Juber Castillo, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Contrato Administrativo de Servicio 276 y 728 del Poder Judicial (Fenasicas), quien le alcanzó un borrador de la propuesta.
“Le solicitamos a su despacho a bien hacerlo suyo y presentarlo ante el Congreso a fin de hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores”, se lee en la misiva.
El Fenasicas pertenece, a su vez, a un organismo más grande: la Confederación Nacional de Contrato Administrativo de Servicios del Perú (Conacas Perú), que Castillo también preside. La queja del sindicato es exactamente la misma que Cerrón plantea en su propuesta legislativa.
Pari indica que se han reunido con varias centrales sindicales para explicarles los cambios recientes a la Ley Servir. “Seguiremos buscando reunirnos con autoridades y con ellos para exponer lo que se está regulando. Si el Congreso puede mejorar algo, siempre estaremos dispuestos a trabajar en conjunto”, refiere.
Respecto a los trabajadores del Poder Judicial, la presidenta de Servir recuerda que solo los administrativos están contemplados en el alcance del Servicio Civil. En el caso de aquellos bajo los regímenes 276 y 728, Pari indica que su pase es voluntario.
“Ellos con los derechos ganados que tienen, pueden postular a concursos públicos. El decreto impulsa que las entidades definan los perfiles de sus puestos y que los oficiales de integridad participen activamente de esos procesos”, agrega.
Gestión llamó y escribió al congresista Cerrón para conversar de su propuesta. Además, buscamos a su despacho y asesor principal, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuesta.
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Traslados a la fecha
El proyecto del Fenasicas y Cerrón también recalca que Servir no ha demostrado resultados desde su creación. Este planteamiento es compartido, en parte, por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Pero bajo su consideración hay que mejorar la Ley Servir, no derogarla.
“Es cierto que existe la Ley Servir, pero hay que revisarla porque hasta ahora no está dando los frutos que debería. No se puede tener un sector privado próspero si no se tiene un buen Servicio Civil. Todo el marco en el que actúa el sector público tiene que revisarse, es un trabajo bien extenso”, dijo a finales del 2023.
Como adelantó Gestión, el D Leg. que modificó la Ley Servir fija un plazo de 270 días para que las instituciones del Poder Ejecutivo presenten su Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). Este documento es el primer paso para oficializar su paso al nuevo régimen.
Este proceso avanza a buen ritmo, según Pari. Para el 20 de agosto, todas las instituciones de dicho nivel de gobierno deberán presentar su CPE a Servir. Para ello, han dividido 177 entidades en cinco grupos. El primero de ellos, compuesto por 14 de ellas, debe alcanzar su CPE máximo el 25 de marzo.
En esta primera tanda Servir también incluye a la recién creada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esta entidad nació bajo el Servicio Civil.
“Ya tiene su CPE aprobado. Ahora deben identificar sus perfiles prioritarios, ver su presupuesto, e iniciar las contrataciones de cargos de confianza o bajo concurso según amerite”, apunta Pari sobre los próximos pasos.
En el resto de grupos, irán transitando al Servicio Civil ministerios con grandes recursos como Transportes. La última tanda será la más grande: 73 entidades del Ejecutivo están en la quinta agrupación.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
