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Tras idas y venidas, ayer se publicó la Ley N° 31735 que si bien lleva el título de ser una norma que impulsa la inversión pública regional y local con el sector privado, en realidad se trata de modificaciones a la norma que regula las Obras por Impuestos (OxI) en el Perú.
La publicación de esta ley se logró luego de que el Congreso se allanara a una serie de observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo en la primera autógrafa aprobada por el Poder Legislativo.
En términos generales, desde el sector privado consideran que se trata de una norma positiva para dinamizar las OxI en el Perú, ya que hace menos restrictivo el esquema para las empresas.
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Certificados de inversión ágiles
Uno de los principales problemas reclamado por las empresas que realizan OxI en el Perú es que las entidades públicas demoraban la entrega de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público (CIPRL), con el que se les reconoce el monto invertido al finalizar las obras, lo cual ahora se ha corregido.
El exdirector general de Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Camilo Carrillo, explicó que, ahora, con la nueva norma, si las entidades públicas demoran injustificadamente la entrega del CIPRL, las empresas pueden ir directamente al MEF a los 90 días de presentada la solicitud para recabar el documento.
“La empresa, lo peor que puede decir es que le van a demorar un certificado 90 días. Antes era irónico, las entidades recibían la obra pero no entregaban los certificados. Era un chantaje”, refirió.
A ello se suma que los CIPRL tendrán una vigencia de 10 años y que al momento de su utilización se actualiza con la tasa de inflación acumulada de los últimos 12 meses. Antes se actualizaba al 2%.
¿Cuáles son las mejoras tributarias al esquema de Obras por Impuestos?
Otro de los aspectos que se ha mejorado en la norma es que ahora las empresas tendrán mayores recursos para ejecutar proyectos vía OxI pues se elevó de 50% a 80% el uso del Impuesto a la Renta (IR) para las obras. Es decir, las firmas tendrán mayor disponibilidad de sus recursos para que puedan ejecutar los proyectos.
El tributarista de Cuatrecasas, Giorgio Balza, afirmó que a esta medida se le suma mejoras tributarias, pues se permite que el CIPRL que reciben las empresas, no solo se use para el pago del IR como venía funcionando, sino también para hacerlo con otros tributos.
“Ahora la norma dice que se puede usar contra el IR, los pagos a cuenta, pero también para pagar cualquier otro tributo que deba u otra deuda u obligación tributaria que tenga la empresa, lo que incluye multas, intereses, el IGV o las multas del IGV”, dijo.
Adicionalmente, el especialista refirió que la nueva ley otorga un marco más flexible para la resolución de controversias, pues permite que estas se resuelvan mediante trato directo entre la entidad pública y la empresa en una primera fase. En caso no se logre un acuerdo se pasa al arbitraje.
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Situación actual de proyectos
En los últimos cinco años las OxI en el Perú se han mantenido estancadas, pues los montos invertidos apenas superan los S/ 600 millones al año. Para el 2023 la situación sería similar, pues la meta es adjudicar 19 proyectos por S/ 620 millones.
Sin embargo, la cartera de proyectos que tiene ProInversión supera los S/ 13,000 millones en un total de 566 inversiones, de las cuales el 68% corresponden al sector educación. De este grupo, hay 29 proyectos por S/ 426 millones que están listos para convocar.
Plantean mesa ejecutiva de Obras por Impuestos
La gerenta general de la Alianza para Obras por Impuestos (Aloxi), Mariana Caballero, afirmó que los cambios normativos tendrán un impacto positivo en las OxI.
La ejecutiva de Aloxi, gremio que agrupa a las empresas que ejecutan proyectos vía OxI, destacó que el hecho de que las empresas puedan usar los certificados hasta el 80% de sus impuestos, las animará a financiar proyectos de mayor envergadura.
Asimismo, dijo que el agilizar la entrega del CIPRL otorgará predictibilidad en la recuperación de la inversión y sostenibilidad de este mecanismo.
Caballero considera que es importante el haber flexibilizado el límite de variación de inversión, pues actualmente hay proyectos que estaban en riesgo de no realizarse por haber excedido el límite presupuestal de obra.
Si bien Aloxi cree que habrá un impacto positivo con los cambios normativos, considera importante asegurar su aplicación práctica.
“Creemos fundamental la instalación de una mesa ejecutiva en Obras por Impuestos que permita identificar y abordar los obstáculos que impiden y retrasan la ejecución de proyectos en nuestro país”, dijo a Gestión.
Recalcó que es indispensable garantizar predictibilidad en la recuperación de la inversión y uniformidad en las reglas de juego.
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¿Qué medidas faltan para agilizar los proyectos de Obras por Impuestos?
En Aloxi afirman que se ha evidenciado que las OxI son más rápidas y eficientes que las obras públicas tradicionales. No obstante, es imprescindible adoptar medidas que permitan agilizar la ejecución de los proyectos para atender con eficiencia y agilidad las necesidades de la población.
Mariana Caballero refirió que uno de los obstáculos para la optimización del mecanismo, son los retrasos durante la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, ya que cada componente es desarrollado de manera secuencial.
“Estos retrasos podrían evitarse si se brindara a las entidades públicas y empresas privadas las herramientas de gestión necesarias para que la ejecución se inicie antes de haber completado y aprobado el diseño final del proyecto”, precisó.
Por ello, en el sector privado creen que es importante incorporar la implementación de la herramienta de gestión sumaria de inversiones (Fast-Track), que permita optimizar y agilizar el proceso con la aprobación parcial del expediente técnico y la ejecución física de la obra de forma paralela.
Asimismo, consideran que sería conveniente que regrese el Informe Técnico-Legal que emitía ProInversión, como criterio orientador para la toma de decisiones, que fue eliminado con la modificación normativa del 2018.
“Esto daría mayor confianza para la toma de decisiones de las entidades públicas que muchas veces no están dispuestas a adoptarlas por eventuales acciones de la Contraloría”, afirmó.
Además, la ejecutiva dijo que sería importante incorporar los Dispute Boards como mecanismo de solución de controversias para no retrasar la ejecución de los proyectos cuando exista algún desacuerdo entre las partes.
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