En primer año de Castillo se dieron diez medidas que afectan la creación de empleo

Pero al primer semestre del 2022, la ejecución presupuestal del gobierno nacional solo avanzó un 25%, S/ 970 millones menos que en similar periodo del 2021, según el Reporte de Eficacia de Gasto Público de Comex Perú. Mientras que el empleo, aunque ha regresado a su nivel prepandemia, es impulsado por el empleo informal.

En ese contexto, ¿Qué han hecho tanto el Legislativo como el Ejecutivo en materia laboral? En esta nota identificamos que a lo largo de los últimos doce meses se aprobaron 16 normas y leyes en materia laboral (ver cuadro). De este total, diez afectan directamente al empleo formal según los entrevistados para esta nota. Ocho fueron promulgadas por el Ejecutivo y dos aprobadas por el Congreso de la República.

Solo por citar unos ejemplos, Mauro Ugaz, socio del Área Laboral de EY Perú, dice a Gestión.pe que la norma que restringe la tercerización laboral (Decreto Supremo N° 001-2022-TR) ocasionaría la pérdida de más de 71,000 puestos de trabajo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas, además de otros 43,000 en grandes empresas. A esto se suma el riesgo de quiebra de al menos unas 1,000 empresas, señala.

Para Ugaz, también era necesario que se analizara la necesidad del aumento salarial (Decreto Supremo N° 003-2022-TR), aprobado este año, cuando la informalidad asciende al 76.8% de la población, de acuerdo a datos a diciembre del 2021).

Lista leyes y decretos

“Sin enfoque en la generación de empleo”

Eric Castro, socio del estudio Miranda & Amado

En los últimos doce meses del gobierno de Pedro Castillo se han producido cambios importantes en materia laboral, los cuales han impactado directamente en los costos y la manera en cómo vienen operando las empresas.

El primer cambio se produjo el 31 de diciembre con la publicación de la Ley N° 31381, la cual declaró feriado nacional en entidades e instituciones públicas, y el 9 diciembre por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho. Posteriormente, el 1 de mayo se incrementó la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 930 a S/ 1,025. Esta es una modificación que impacta directamente en los costos y que no necesariamente genera empleo formal en el país.

En febrero de este año se publicó el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, prohibiéndose así la suscripción de contratos con empresas que realicen actividades que se consideren “núcleo de negocio” y se realicen con desplazamiento continuo al centro de trabajo y/o centro de operaciones. Esta modificación ha merecido -evidentemente- el inicio de acciones legales y la ejecución de planes internos por parte de las empresas afectadas.

Y esta semana se han producido dos cambios adicionales: la modificación al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, la cual permite la sindicalización de personas no dependientes de una relación de trabajo (locadores); la conformación de sindicatos de cadena productiva, redes de subcontratación o cualquier otro que los trabajadores consideren conveniente; la afiliación de trabajadores a Federaciones; la prohibición de extensión de los beneficios de convenio colectivo, salvo acuerdo de parte, entre otros. Además, el martes último se ha incorporado de un nuevo feriado nacional, esta vez por la conmemoración de la Batalla de Junín (el día 6 de agosto).

Consideramos que el balance no ha sido positivo, ya que las modificaciones no se han enfocado ni en la generación de empleo ni su formalización, aspectos que eran urgentes y prioritarios de ejecutar desde julio del 2021

“Política laboral excluye a las mayorías”

Jorge Toyama Miyagusuk, Socio de Vinatea & Toyama

El mayor número de desempleados (que hoy son casi el doble que en la prepandemia), los informales (son casi el 80% tras la pandemia), la muy baja productividad laboral que genera, entre otras consecuencias, sueldos bajísimos (la mitad de los peruanos gana menos del mínimo vital) y los extremados niveles de desprotección social, lamentablemente, no están en la agenda del presidente Pedro Castillo ni del Congreso de la República.

El presidente y el Congreso tienen en su agenda prioritaria proteger a las minorías, al 10% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, al 1.7 millones de peruanos que trabajan principalmente en la gran empresa. Prohibiciones de tercerizaciones, más feriados, más huelgas, impedimentos para que trabajadores laboren en una huelga y retiros masivos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y Administradoras Privadas de Pensiones (AFP), son las materias que más han merecido el interés de los políticos.

Desde el inicio del gobierno, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) planteó, fuera del diálogo tripartito que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la famosa “Agenda 19″, haciéndolo solo de la mano de los gremios sindicales, pues era parte de los 25 puntos que los sindicatos le plantearon al presidente y que apuntan a fortalecer a los dirigentes sindicales (el presidente ha sido dirigente) con negociaciones y huelgas.

Tras un año, poco a poco, ha ido implementando la agenda que solo se orienta a proteger principalmente a los trabajadores que laboran en las grandes empresas donde están los sindicatos. Y, lo que se viene, va en la misma línea: Código de Trabajo, despidos autorizados por jueces de dirigentes sindicales, etc.

Los cambios, además, se dan a espaldas del diálogo social. El mínimo vital, las prohibiciones de tercerizaciones o los recientes cambios en las relaciones colectivas se han dado sin el necesario debate en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Cuando las normas impactan a varias partes, mayor diálogo social debería haber.

En medio de una crisis económica luego de los graves estragos de la pandemia, la obsesión del gobierno debería focalizarse en mejorar las condiciones de más del 80% de los peruanos que no tienen derechos laborales, en recuperar los empleos formales perdidos y en generar nuevos empleos formales. Lamentablemente, hasta ahora la política laboral del gobierno ha demostrado no estar con la mayoría del pueblo a la que debe representar.

“Informalidad, problema que no se ataca”

Percy Alache, socio de PwC Perú

Son tres decretos publicados por el gobierno de Pedro Castillo que afectan la generación de empleo y que no han ayudado a atacar el problema principal que es la informalidad en el país.

Primero, la norma que restringe la Tercerización de Servicios, el cual requiere urgentes precisiones para que las empresas puedan definir lo que califica como núcleo de negocio, es decir, tener indicadores para proyectar esa definición sobre todo en sectores con cadenas productivas de mayor complejidad como es la minería, hidrocarburos, energía, sector agrario, manufactura, entre otros.

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) debe desarrollar un lineamiento inspectivo que le permita a las empresas prepararse frente a las eventuales fiscalizaciones. Así como está la norma, solo ha generado resistencia empresarial y poca disposición a cumplirla.

Asimismo, el decreto que entró en vigencia en mayo último, el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), es una norma que no ha considerado el contexto de crisis sanitaria y económica junto con el lento proceso de recuperación empresarial que estamos afrontando. Tampoco ataca el problema principal que es la informalidad. Todo lo contrario, el incremento propuesto no incentiva a que las micro y pequeñas empresas (emprendimientos incluidos) cumplan con todos los costos laborales, pues a ello se le deben añadir los costos operativos, fiscales y regulatorios. Lo peor de ello es que actualmente estas empresas tienen muchas dificultades para acceder a créditos o capital de trabajo a bajo costo.

Finalmente, las modificaciones al Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que al no haber contado con un debate y consenso en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), esta norma traería mayor conflictividad entre empresas y sindicatos. Las excesivas facilidades para que los sindicatos puedan realizar huelgas alentaría a que este mecanismo sea muy utilizado (sin contar con diálogo previo), con lo cual, los procesos de negociación colectiva se verían obstruidos, sin perjuicio de los serios impactos y retrasos en las operaciones/servicios de las empresas.