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La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) presentó dos denuncias ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en contra de las municipalidades distritales de San Isidro y San Borja.
La medida busca que las ordenanzas 585-2023-MSI (San Isidro) y 703-MSB (San Borja) sean declaradas como barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad.
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Según ASEI, estas normas municipales contravienen el ordenamiento legal vigente sobre la Vivienda de Interés Social (VIS), además que imponen exigencias que impiden, en ambos distritos, la ejecución de este tipo de proyectos inmobiliarios, incluyendo algunos en marcha que cuentan con autorizaciones de las mismas municipalidades.
“Estas disposiciones no solo impiden la construcción de nuevos proyectos, sino que ponen en riesgo la continuidad de las obras en marcha”, sostuvo José Espantoso, presidente de ASEI.
Asimismo, el gremio inmobiliario alegó que una reciente opinión técnica vinculante del Ministerio de Vivienda precisó que los proyectos VIS anteriores a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre competencias municipales “son actualmente válidos y no pueden ser declarados nulos como consecuencia del efecto derogatorio de la citada sentencia”.
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