Desde el pasado 23 de agosto entraron en vigencia las restricciones al uso de la tercerización laboral.
Ante ello, la demanda de personal de algunas empresas tercerizadoras ya ha empezado a disminuir, indicó Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe).
Refirió que la minería es el sector que da un mayor uso a la tercerización, pues el 70% de trabajadores lo hace bajo esta modalidad.
En total, son 2,100 las empresas contratistas en el sector minero, las cuales emplean a unos 160,000 trabajadores.
Bernal indicó que la reducción de la demanda de personal aún es de una magnitud pequeña y todavía no se ha cuantificado, pero ello se irá incrementando en las próximas semanas, si es que la norma no es modificada o derogada.
“Ya ha empezado a disminuir la demanda de personal de las tercerizadoras. Nosotros mantenemos la estimación de que unos 70,000 trabajadores en planilla de las tercerizadoras van a perder su empleo hacia fin de año, si es que la norma no se deroga o modifica”, subrayó Bernal.
“El cambio en la norma busca que el trabajador tercerizado sea contratado en la planilla de la empresa principal. Pero ello no va a ocurrir, esto ya ha pasado en Ecuador, donde se aplicó una norma similar y solo el 20% pasó a la planilla, el 80% restante perdió el trabajo. Lo que se debe hacer es dar más recursos a Sunafil para que fiscalice el adecuado uso de la tercerización, pero no restringirla”, sostuvo Bernal.
Sector construcción también se ve afectado
Por su parte Guido Valdivia, director de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), refirió que este sector también hace un uso importante de la tercerización y las empresas ya se están viendo afectadas al no poder hacer uso de todo el personal que requieren.
“Están atentando contra el derecho al trabajo, pues con las tercerizadoras la persona puede tener un trabajo continuo en diversas obras. Al terminar una, pasas a la otra. Esto no necesariamente ocurre con la empresa constructora principal. Esto a veces es difícil de explicar”, señaló.
Un factor que ha ayudado a que la reducción de personal de tercerizadoras aún no sea masiva es que muchas empresas han interpuesto medidas cautelares. Carlos Bernal, de Acomipe, estima que se han hecho unas 800 acciones contra la norma y en muchos casos han sido aceptadas.
“Quienes han logrado tener una resolución a favor, no tienen problemas, pero quienes están a la espera de su fallo, ya están reduciendo el personal tercerizado”, anotó Valdivia.
Una vía importante que puede cambiar este panorama es un proyecto de ley -que ya está en el Pleno del Congreso- que deroga el decreto del Ministerio de Trabajo que modificó la normativa de tercerización en febrero pasado y dio un plazo de adecuación hasta agosto.
“Esperamos que en algunas de las próximas sesiones del Pleno del Congreso el proyecto de ley pueda aprobarse y se deroguen los cambios a la tercerización. Si no, el riesgo de afectación al sector se mantendrá”, anotó Bernal.
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