El último 14 de febrero, Telefónica del Perú (TdP) anunció que solicitará un procedimiento concursal ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para reestructurar sus obligaciones financieras. Si bien este caso sería el más grande en dicha etapa, considerando el tamaño de la empresa, hay otras compañías que vienen pasando por esta situación en el Perú. Entre ellas, destacan la aerolínea low cost Viva Air, la minera Doe Run Perú y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Uno de los casos con más historia y que tiene más de una década de desarrollo tiene como protagonista a la minera de Doe Run Perú, que operaba dos unidades mineras: la mina Cobriza (Huancavelica) y el Complejo Metalúrgico La Oroya (Junín). Y es que, en 2009, la compañía se declaró en insolvencia y recurrió a un proceso concursal ante el Indecopi, el cual inició en 2010 y desde entonces ha pasado por seis empresas liquidadores.
Francisco Barrón, socio en DPP Abogados, señaló que el proceso en este caso en específico ha sido largo y complicado al tener un componente social, pues los pobladores de La Oroya vivía en torno a esta operación minera. Así, era clave buscar una salida que satisfaga las necesidades que existían.
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“El proceso tuvo sus idas y vueltas, ya que en un momento la compañía estuvo en una reestructuración financiera y luego se decidió por una liquidación, la cual hoy en día está en marcha y con un proceso casi culminado”, comentó.
La empresa liquidadora que seguirá al frente del proceso de liquidación de los activos hasta su culminación es Consultores A-1. Al respecto, Richard Almerco, director legal de dicha compañía, sostuvo que Doe Run Perú ha pagado las acreencias laborales y formalizado las viviendas de más de 500 trabajadores, las cuales fueron entregadas a modo de pago.
“Nos proponemos desde hoy ingresar a la etapa final, que es la recuperación del dinero incorporado en el contrato del fideicomiso para continuar con el pago de las acreencias laborales y proceder con las últimas acciones en este proceso (de liquidación)”, anotó Almerco. En la próxima junta de acreedores, se deberá ratificar el convenio de liquidación aprobado en 2022.
Tras ello, se espera liberar el fideicomiso de US$19.4 millones que se encuentra en una cuenta bancaria para proseguir con el pago de acreencias.
Los procesos de Inca Garcilaso de la Vega y Viva Air
Otro proceso que hoy en día está proceso concursal corresponde a Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En junio de 2020, el Indecopi dio inicio al PCO de esta entidad tras haber sido llevada a este proceso por un deudor que acreditó el impago de obligaciones por concepto de publicidad. En este caso, la junta de acreedores decidió acordar su disolución y liquidación, sin embargo, al ver el potencial de la casa de estudios designaron a una nueva entidad liquidadora que convierte el estado de liquidación a un estado de reestructuración.
Si bien el cese de actividades de la institución iba hasta el 3 de marzo de este 2025 en un inicio, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) concedió una ampliación adicional del periodo de cese por un año más.
“Esta ampliación permitirá que nuestros estudiantes puedan culminar sus estudios durante el año 2025, reafirmando nuestro compromiso por mantener y elevar la calidad educativa que brindamos. Además, queremos informar que, paralelamente, estamos trabajando arduamente en el proceso de licenciamiento para cumplir con los requisitos necesarios que nos permitan continuar ofreciendo una educación de calidad a largo plazo”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, recientemente la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi informó que la aerolínea low cost Viva Airlines Perú S.A.C ha quedado sometida al PCO, dando inicio al referido mecanismo. Ahora, los acreedores de la empresa deberán presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación (17 de febrero).
Luis Rodríguez, socio director de Rodríguez Abogados & Asociados, explicó que, una vez culminado este proceso, se conformará una junta de acreedores que determinará cuál será el destino de la compañía, ya sea una reestructuración patrimonial o liquidación. De optar por la última opción, se procederá a designar un liquidador para que venda activos o recupere las cuentas por cobrar para que puedan sanearse las deuda.
El caso Telefónica
En lo que respecta a Telefónica del Perú, el Indecopi detalló que, de acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, la Comisión de Procedimientos Concursales tiene un plazo máximo de 90 días hábiles para resolver dicha solicitud. De ser admitida, se emitiría una resolución sobre el inicio del procedimiento concursal ordinario, la cual deberá ser publicada en el Boletín Concursal de la institución.
Así, a partir de la referida publicación, los acreedores podrán presentarse para ser acreditados por la Comisión de Procedimientos Concursales y participar en la Junta de Acreedores, la que tendría que decidir si aprueba o no la reestructuración solicitada por la empresa.
Luego, Barrón puntualiza que viene el proceso de reconocimiento de créditos, el cual calcula que podría tardar entre nueve y 12 meses en este caso en específico. “Una vez reconocido los créditos se convoca a Junta de Acreedores y es ahí donde la administración de la empresa presenta lo que está planteando”, anotó, tras añadir que dicha junta deberá aprobar el plan y posteriormente reestructurar los nuevos plazos para pagarse la deuda.
¿Se debe actualizar la ley?
Para el socio en DPP Legal, la Ley General del Sistema Concursal actual debe modificarse para que las empresas puedan ver esta herramienta como un procedimiento ágil que les permita continuar o salir del mercado con el menor impacto posible, con plazos que no sean tan largos como el actual.
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Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.
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