Han pasado exactamente dos meses desde que Telefónica del Perú (TdP), operadora de la marca Movistar, anunció su decisión de acogerse a un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el objetivo de reestructurar sus obligaciones financieras. La solicitud fue presentada formalmente el 24 de febrero. Ahora que la empresa ha sido adquirida por la firma argentina Integra Capital, ¿cómo avanza el proceso concursal y qué implicancias tendrá este cambio de manos en su desarrollo?
Según información del Indecopi, la Comisión de Procedimientos Concursales tiene un plazo máximo de 90 días hábiles (aproximadamente cuatro meses) para resolver la solicitud de Telefónica del Perú, lo que significa que la resolución deberá emitirse antes del 3 de julio. Si la solicitud es admitida, se emitirá una resolución que dará inicio formal al Procedimiento Concursal Ordinario (PCO), la cual será publicada en el Boletín Concursal de Indecopi.
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Desde la publicación, los acreedores tendrán la oportunidad de presentarse para ser reconocidos por la Comisión y participar en la Junta de Acreedores, que decidirá si aprueba o no la reestructuración solicitada por la empresa. El objetivo principal del procedimiento concursal es que la empresa y sus acreedores negocien y lleguen a un acuerdo. La Junta de Acreedores, en concreto, decidirá qué hacer con el patrimonio de la empresa: si liquidarlo o reestructurarlo. El procedimiento concluirá cuando se haya cumplido con el convenio acordado entre las partes.
¿Qué ocurrirá con el proceso ahora que Telefónica está en manos de Integra Tec (relacionada con Integra Capital)? Recientemente se conoció que Telefónica Hispanoamérica vendió a Integra Tec International Inc. la totalidad de su participación accionarial en Telefónica del Perú, es decir, el 99.3% de las acciones de la compañía. Como resultado de esta transacción, Integra Tec ha asumido el control de TdP.
Francisco Barrón, del estudio DPP Abogados, explicó a Gestión que el proceso concursal de Telefónica continúa su curso con normalidad, pese al reciente cambio de propiedad. “El hecho de que haya habido un cambio en la propiedad de la empresa no implica que Telefónica deje de estar inmersa en este proceso que ella misma ha solicitado”, precisó.
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No obstante, destacó que el nuevo propietario, Integra Tec, sí puede tomar decisiones respecto al proceso concursal. ¿Cuáles serían?
“Por ejemplo, si la autoridad concursal aún no ha declarado el inicio formal del concurso —como ocurre actualmente—, significa que no se ha declarado fundada la solicitud de Telefónica. Por lo tanto, la empresa aún podría desistirse y con ello extinguirse o concluir el procedimiento concursal ordinario (PCO) iniciado. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, al nuevo propietario le conviene continuar con el proceso, ya que desistirse implicaría que todas las obligaciones de la empresa volverían a ser exigibles. Y lo que justamente se busca es la inexigibilidad de las obligaciones para poder reestructurarla”, explicó.
¿Qué pasaría si el nuevo dueño decidiera desistirse del procedimiento? “En ese caso, la Sunat podría continuar con el cobro de la deuda, incluso de manera coactiva, lo cual pondría en riesgo el cumplimiento de otras obligaciones. Lo que le convendría a Integra Tec es continuar con el proceso y renegociar con todos los acreedores dentro del marco del procedimiento concursal”, sostuvo.
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Barrón también señaló que el nuevo accionista de Telefónica tiene acreencias que podrá registrar dentro del concurso, ya que le han sido transferidas. “Una vez que se declare el inicio del concurso, el nuevo dueño solicitará que se reconozcan estas obligaciones para así poder participar en la junta de acreedores. Existe un régimen especial para las empresas vinculadas: si estas superan el 50% del total de créditos, tienen una posición dominante. Sin embargo, ese no sería el caso aquí. Según toda la información disponible, las acreencias vinculadas no llegarían ni al 30%”, comentó.
En este contexto, el abogado indicó que la junta de acreedores de Telefónica del Perú estaría conformada por los créditos correspondientes a Telefónica Hispanoamérica —empresa vinculada y ahora propiedad de Integra Tec—, los créditos tributarios, los bonistas, los proveedores y los trabajadores.
Deudas de Telefónica
¿A cuánto asciende la deuda con la Sunat? El caso es complejo. En enero de 2023, TdP recibió fallos desfavorables en procesos contencioso-administrativos vinculados al Impuesto a la Renta de los ejercicios 1998, 2000 y 2001, lo que implicaría un pago estimado de hasta S/ 2,700 millones. Hasta diciembre de 2023, la empresa había adelantado S/ 135.5 millones en diciembre de 2022, S/ 457 millones en los primeros cuatro meses de 2023 y, en abril de 2024, autorizó la ejecución de cartas fianza por hasta S/ 1,362 millones. Sin embargo, el monto definitivo aún deberá ser determinado por la autoridad tributaria. A diciembre de 2023, las provisiones de TdP por impuestos a las ganancias ascendían a S/ 2,755.6 millones.
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En el caso de los bonistas, la deuda fue adquirida hace seis años. En abril de 2019, TdP emitió bonos corporativos en el mercado internacional por S/1,700 millones (US$ 460 millones). Como parte de esta emisión, el 10 de abril la empresa debía afrontar el vencimiento de S/ 567 millones (US$ 150 millones), lo que representa el 33% del total. ¿Quiénes son los principales tenedores de esta deuda? Inversionistas locales, principalmente las AFP, entre ellas Integra, Profuturo y Habitat. También figuran fondos internacionales con presencia en Latinoamérica, como Moneda Asset Management y Wellington Management Group, entre otros.
Sobre este bono, la telco precisó en sus estados financieros que los fondos obtenidos fueron destinados a proyectos de inversión en bienes de capital, el reperfilamiento de deuda y otros fines corporativos.
Igualmente, el estado contable de TdP informó que en 2025 deberá afrontar obligaciones por S/1,146 millones, que incluyen el vencimiento de bonos por S/706 millones, deudas a largo y corto plazo por S/22 millones y S/25 millones, respectivamente, y arrendamientos por S/393 millones. A esto se suma la posible cobranza coactiva de controversias tributarias por más de S/1,000 millones, relacionadas con los periodos 2000-2001, además de un déficit operativo. Para hacer frente a estas obligaciones, la empresa cuenta con un préstamo de su matriz por S/1,549 millones, destinado a cubrir sus necesidades operativas hasta febrero 2026 así como el proceso de reestructuración de pasivos dentro del marco concursal.
