Reguladores ponen la mira en calificaciones de sostenibilidad de las empresas

Las organizaciones que califican a las empresas en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se enfrentan ahora a un escrutinio, porque los reguladores buscan mejorar la coherencia y la transparencia de una actividad que influye en la inversión de billones de dólares.

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), que agrupa a los reguladores del mercado de Estados Unidos, Europa y Asia, recomendó en un documento de consulta que sus miembros consideren la posibilidad de regular formalmente un sector que hasta ahora se ha dejado en gran medida a su suerte.

Esta falta de regulación ha suscitado la preocupación de algunos inversores, que afirman que los métodos de cálculo de las calificaciones ESG son opacos, y de los ecologistas, que temen el “lavado verde”, es decir, que las empresas obtengan a veces una calificación que no merecen.

El sector de las calificaciones ESG tiene sus raíces en los activistas antiapartheid de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, que querían inversiones sin vínculos con Sudáfrica.

Sin embargo, su crecimiento se ha disparado en los últimos años a medida que el cambio climático y cuestiones como la diversidad se han ido convirtiendo en el centro de atención de los inversores, lo que ha impulsado la consolidación de un sector liderado por actores globales como MSCI y Sustainalytics de Morningstar.

Los países y las regiones, incluida la Unión Europea, están presionando a las empresas para que divulguen más datos y a las firmas de inversión para que expliquen mejor cómo los utilizan.

“Se está convirtiendo en un elemento absolutamente central de todo lo que hacemos, por lo que el hecho de que esté regulado, para nosotros, tiene todo el sentido”, declaró Jean-Jacques Barberis, miembro del consejo ejecutivo de la gestora de activos Amundi.

Los activos sostenibles representan US$ 35.3 billones, es decir, más de un tercio de todos los activos gestionados profesionalmente en cinco de los mayores mercados del mundo, según un reciente informe de la Alianza Mundial de Inversión Sostenible.

MSCI y Sustainalytics no comentaron inmediatamente las propuestas de la OICV.

Complejidad

Hay quien establece un paralelismo con las agencias de calificación crediticia (CRA), que no estuvieron reguladas hasta la crisis financiera mundial de hace poco más de una década.

Sin embargo, los gestores de activos y los propios calificadores advierten sobre la conveniencia de usar el mismo modelo de regulación para las agencias de ESG, un área en que, según ellos, es más difícil de obtener respuestas precisas.

A diferencia de las agencias de calificación crediticia, que son pagadas por las empresas a las que ponen nota, las de ESG son financiadas por los gestores de fondos que usan sus análisis, lo que significa que hay menos conflicto de intereses.

La información en la que se basan los calificadores ESG también está disponible públicamente, a diferencia de las calificaciones crediticias.

Y mientras las calificaciones crediticias se centran en la cuestión relativamente limitada del riesgo de impago de las empresas, las calificaciones ESG evalúan una gama mucho más amplia de temas, desde la diversidad de los directorios hasta las emisiones de carbono y la política de una empresa en materia de soborno.

Algunos usuarios de las calificaciones ESG, como los gestores de activos, afirman que el sector no tiene suficientemente claro cómo funciona, lo que hace imposible reproducir cómo se llega a una calificación concreta.

Las notas de una misma empresa pueden diferir mucho entre los calificadores, a diferencia de la estrecha correlación de de las agencias de evaluación de crédito.

Un estudio de la OCDE de finales del 2020 citó una serie de razones para la baja correlación de las notas entre los proveedores de calificaciones ESG, incluyendo el uso de diferentes marcos, indicadores clave y métricas, ponderaciones relativas, así como el juicio cualitativo.

Esto hace que muchos gestores de activos tengan que suscribirse a una serie de calificadores ESG, y los que tienen mayor capacidad de financiación a menudo hacen un trabajo extra para garantizarse de la fiabilidad de las notas.

“No confiamos en las calificaciones ESG de los principales proveedores como una herramienta ciega”, dijo Andy Howard, jefe global de inversiones sostenibles de la gestora de activos Schroders.

“Es probablemente una de las áreas más importantes pero menos desarrolladas en términos de análisis dentro de las finanzas”, dijo Howard, añadiendo que los reguladores deberían centrarse en mejorar la transparencia y la objetividad en la forma de construir las calificaciones.

“Uno de los retos aquí es la tendencia a usar las calificaciones ESG sin pensar realmente en qué es lo que se está tratando de medir y si ese sistema de calificación en particular es una forma adecuada de medir esa cosa, o no”.

Encrucijada

Barberis, de Amundi, señaló que quería ver más correlación en los aspectos relacionados con el clima, dado que pueden medirse con más precisión que los factores sociales.

“Si tuviera una prioridad en la que creo que necesitamos una armonización absoluta de los indicadores, los criterios y, por tanto, los subcomponentes asociados de la calificación, es en el clima”.

Ante la irregularidad de la información, los líderes mundiales han apoyado la creación de un nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad a finales de este año, que se espera que publique su primera tanda de información corporativa sobre el clima el próximo año.

La OICV dijo que el sector de las calificaciones ESG era “fluido” en términos de hacia dónde se dirigía, lo que hacía más difícil su regulación.

“Si las empresas facilitan más información en este sentido, es posible que disminuya el papel de los proveedores de datos y calificaciones ESG”, dijo Satoshi Ikeda de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, un miembro de la OICV.

“Aunque nos encontramos en una encrucijada somos en cierto modo cautos a la hora de ser definitivos en el diseño del curso de acción que deben tomar los reguladores. Hemos formulado estas recomendaciones de forma que se adapten a los posibles caminos que puedan evolucionar dentro de unos años”, comentó Ikeda.