Pymes advierten que norma que limita tercerización laboral generará mayor informalidad

La eliminación de la tercerización laboral -a través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR- dado por el Ministerio de Trabajo (MTPE) sin un diálogo social sienta un pésimo precedente en el país y hoy más de 100,000 trabajadores, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo, afirmó Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú.

Durante su intervención en el webinar “Generación de empleo, producción nacional y situación laboral”, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Choquehuanca señaló que esa normativa atenta contra los derechos fundamentales de todos los peruanos porque afecta la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa.

“Esta es una medida populista con un claro sesgo ideológico que aprobó el MTPE a espaldas del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio de diálogo entre empleadores y trabajadores; que solo va a traer consigo la precarización del empleo y más informalidad”, subrayó.

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En ese sentido, lamentó que el actual Gobierno desconozca los efectos positivos de la tercerización de servicios, que es un mecanismo reconocido a nivel mundial porque contribuye a elevar la productividad, eficiencia y seguridad para los trabajadores.

“Son las pymes, por ejemplo, las que se han especializado en el sector minero, sobre todo en el rubro de metalmecánica con muy buenos resultados. A nivel nacional, la data indica que el 62% de las empresas han tercerizado sus servicios de mantenimiento, 32% tercerizó la seguridad de sus instalaciones y un 14% parte de su proceso de producción”, indicó.

Asimismo, Choquehuanca expresó su preocupación porque la agenda laboral que viene promoviendo la actual administración gubernamental tiene un impacto negativo sobre la pequeña y mediana empresa, ya que no fomenta el empleo formal, por el contrario, se alienta la precarización del empleo, la llamada “planilla negra” y la informalidad.

“No se debe azuzar una cultura de enfrentamiento y odio entre trabajadores y empleadores porque pierde la empresa y el país. Más bien se debe fomentar el empleo formal y un entorno favorable a fin de crear más empresas”, dijo la representante de las pymes.

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Sin análisis técnico

Por su parte, Luis Vinatea, socio del Estudio Vinatea & Toyama, manifestó que el DS 001-2022-TR se dio sin un análisis técnico y respondiendo a una decisión política de las actuales autoridades del Gobierno, ya que se aprobó sin un diálogo social y al margen del CNTPE.

Precisó que estamos frente a una norma ilegal que ha motivado diversos procesos judiciales y administrativos; incluso el Indecopi, en primera instancia, ha declarado que los alcances de este Decreto Supremo constituyen barreras burocráticas ilegales.

“Lo esencial es potenciar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, pero lamentablemente el Gobierno ha preferido prohibir la la tercerización, que es un mecanismo que es reconocido por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, apuntó.

De otro lado, comentó que la futura aplicación de un nuevo Código de Trabajo o de tercerización laboral y el DS 014-2022 (relaciones colectivas) expedidos por el MTPE, impactan frontalmente sobre el mercado de trabajo, haciéndolo más costoso y rígido.

Añadió que ninguna de las normas laborales se aplica al 80% de la masa trabajadora que se encuentra en el sector informal, la cual no tiene acceso a la protección social.

Menos empleo

A su vez, Pablo Lavado, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico, declaró que recientemente el Banco Central de Reserva (BCR) publicó un informe en el que destaca que la tercerización en el Perú es positiva porque genera especialización, ventaja comparativa, eficiencia y economía de escala; por tanto, aumento de la productividad que se traduce en mejores ingresos para la empresa y el trabajador.

“Al prohibir la tercerización no se está protegiendo al trabajador, sino lo contrario, porque se genera menos empleo y una caída de los ingresos. En países como Ecuador, Bolivia y México hemos visto como esa medida restrictiva generó efectos contrarios”, acotó.

Respecto a los alcances de las relaciones colectivas, Lavado refirió que la norma está dando mucho peso a los sindicatos, lo que va a traer como consecuencia que se va a encarecer la contratación, ralentizar la generación de empleo y gatillar la conflictividad laboral.

Finalmente, expresó que se necesitan reformas para incrementar la productividad y fortalecer las instituciones que son importantes para el desarrollo del Perú.