El segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que durante el 2024 es posible que proyectos mineros valorizados en US$ 5 mil millones cuenten con luz verde para desarrollarse.
“Este año podemos llegar a los US$ 5 mil millones. No necesariamente que se van a gastar, pero que tendrán luz verde para iniciar y puedan ser ejecutados iniciando el 2024, en dos o tres años”, declaró en una entrevista al IIMP, como parte del Jueves Minero Especial.
Bajo esa premisa, señaló Ortiz, uno de esos proyectos sería Zafranal (cobre), ubicado en la región Arequipa y que pertenece a la minera canadiense Teck. Se prevé que Zafranal producirá concentrado de cobre con bajo contenido de oro, a través de un proceso de flotación.
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Ya tiene permiso ambiental, ahora está tramitando y solicitando el de construcción. Esperemos que este año se le conceda y así ellos ya tendrían que tomar la decisión como empresa de ir adelante”, anotó Ortiz.
Un segundo proyecto que se espera vea la luz es Reposición Antamina (cobre), ubicado en la región Áncash. El objetivo es realizar modificaciones para extender la vida de la actual Antamina por 8 años más, del 2028 al 2036. “Es un proyecto importante de cerca de US$ 2 mil millones”, destacó el ingeniero.
Ausencia de grandes proyectos mineros
No obstante, el también vicepresidente de Operaciones de Compañía de Minas Buenaventura lamentó que, a la fecha, no se cuente con un megaproyecto del calibre de Quellaveco (cobre), ubicado en Moquegua y valorizado en US$ 5,500 millones. Consideró que ello se debe, principalmente, a la demora en los permisos por parte del Gobierno.
“Hoy no tenemos un proyecto así. Hoy los que tenemos están entre el rango de US$ 500 millones y US$ 1,500 millones. De todos modos, creo que está bien y es un buen comienzo, es una manera de revertir la tendencia en la que no teníamos ningún proyecto”, sostuvo.
Ventanilla Única Digital
Juan Carlos Ortiz, afirmó que hoy los permisos para dar luz verde a los proyectos mineros demoran hasta el triple del tiempo establecido en la norma.
Explicó que el Ministerio de Energía y Minas o el Senace, entidades que dan las autorizaciones, cuentan con reglamentos denominados TUPA en los que se establecen los plazos que deberían durar las diferentes etapas del proceso, entre 90 y 270 días. No obstante, en la práctica, ninguno se cumple, sostuvo. Agregó que el mismo problema ocurre cuando se impulsa un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En tanto, consideró que desde el Poder Ejecutivo hubo voluntad de querer entender por qué demoran los permisos y por qué la inversión privada no llega al sector minero. Sin embargo, ello no ha sido suficiente debido a que todavía la permisología continúa siendo un problema. Así, a su juicio, la Ventanilla Única Digital (VUD-Minem) creada en 2019 no está funcionando, a pesar de que se creó para acelerar los trámites de las compañías del sector.
Pese a ello, Ortiz saludó que desde el Gobierno se haya impulsado a finales del año pasado una norma que busca simplificar dicha gestión.
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