La Corte Superior de Justicia de Loreto confirmó una resolución que anula una concesión minera de oro en la cuenca del Río Nanay en la provincia de Maynas.
Según el escrito, el Río Nanay es la fuente principal del suministro de agua potable de más de medio millón de habitantes de Iquitos.
LEA TAMBIÉN: Oro marca record por tensión global, ¿cuánto invierten los peruanos?
Karina Garay, abogada responsable de la demanda, explicó que esta decisión judicial es fundamental para evitar la autorización de actividades mineras en un río donde ya se realiza la extracción ilegal de oro.
“La sala civil ha tenido la acertada decisión de confirmar la sentencia. En esa zona existe minería ilegal, lo cual está prohibido. Permitir fomentar que se de una actividad minera autorizada, haría que esta situación sea mucho más grave”, dijo a RPP.
LEA TAMBIÉN: La mirada de Gold Fields para Cerro Corona: producción e inversiones desde 2025
Por su parte, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), dijo a Gestión que es crucial entender que el otorgamiento de una concesión minera, como tal, no implica una afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas ni al medio ambiente.
“La concesión se otorga sobre el yacimiento mineral, un recurso que pertenece a la Nación, y es un derecho distinto y separado del terreno superficial”, señaló la institución.
Asimismo, agregó los siguientes puntos de importancia para la aprobación de esta concesión minera:
- Promover la inversión y el desarrollo económico: La actividad minera, realizada responsablemente, genera recursos que contribuyen al desarrollo del país.
- Asegurar el debido proceso: La Ley General de Minería establece las condiciones para el otorgamiento y la irrevocabilidad de las concesiones mineras, siempre que el titular cumpla con sus obligaciones. Anular una concesión minera sin sustento legal crea un clima de incertidumbre para las inversiones.
- Diferenciar la concesión minera de la actividad minera: La concesión minera per se no implica actividad minera. Los estudios de impacto ambiental y los permisos para exploración o explotación se realizan posteriormente, y es en esas etapas donde se evalúan y mitigan los posibles impactos ambientales y sociales, incluyendo la consulta previa si corresponde.
LEA TAMBIÉN: Inversiones en tiempos de deuda: Oportunidades y riesgos en economías desarrolladas
De igual manera, al ser consultados sobre la preocupación del sector ambientalista, Ingemmet señaló:
“Entendemos las preocupaciones del sector ambientalista, pero es fundamental basar las decisiones en el marco legal vigente. Nuestros argumentos son:
- La concesión minera no es igual a explotación: Otorgar una concesión minera no autoriza automáticamente la actividad minera. Se requiere una serie de permisos y autorizaciones posteriores, incluyendo la aprobación de estudios de impacto ambiental, que contemplan medidas para proteger el medio ambiente.
- Consulta previa en el momento oportuno: La consulta previa se realiza antes del inicio de las actividades de exploración o explotación, no antes del otorgamiento de la concesión, ya que es en la etapa de los proyectos mineros donde se pueden identificar los potenciales impactos a los derechos colectivos.
- Irrevocabilidad de la concesión: La ley establece que las concesiones son irrevocables mientras el titular cumpla con sus obligaciones. Anular una concesión arbitrariamente afecta la seguridad jurídica y desincentiva la inversión.
- Importancia del desarrollo sostenible: Reconocemos la importancia de proteger el medio ambiente. Por ello, promovemos la minería responsable y el cumplimiento de la legislación ambiental en todas las etapas del proyecto minero
LEA TAMBIÉN: Pánico por aranceles dispara demanda de oro en Londres
En agosto de 2024 el juez del Primer Juzgado Civil de Maynas declaró fundada la demanda presentada por ciudadanos de Iquitos y anuló la concesión a la empresa Raíces Gaddaffy.
Sin embargo, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, apeló esta decisión buscando revertirla.
La anulación de la concesión minera sobre el Río Nanay asegura, según el grupo de ambientalistas, “la defensa del derecho a un agua limpia y un ambiente saludable para los habitantes de la ciudad”.
Actualmente hay 41 dragas activas que aún practican minería ilegal en el Alto Nanay.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
