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Southern Perú, la compañía que opera dos importantes minas de cobre en el sur del país, ha lidiado este 2022 con la conflictividad social y el avance de la minería ilegal. Sin embargo, mantienen su proyección de cerrar el año con inversiones por US$ 280 millones y una producción cercana al del 2021 pese a la paralización de su operación en Cuajone en febrero último.
A la fecha, el ferrocarril industrial y la mina Cuajone están operando a capacidad plena. La compañía, sin embargo, aplicará un plan de optimización de operaciones para “revertir en buena parte” las 22,000 toneladas de cobre que no se lograron procesar durante los casi 50 días de paralización, comentó Raúl Jacob, CFO de Southern Perú, durante Perumin 35.
En diálogo con Gestión, también informó que su operación en Moquegua entrará en 2023 a una etapa de reducción de su ley a 0.45%, afectando su producción anual, “por lo que una posible expansión se ha estado conversando. Lo haríamos aumentando el reciclaje de agua con lo que no necesitaríamos más agua que lo que actualmente demandamos”, dijo.
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De esta forma se retomaría su propuesta de expansión luego que se dejara en stand by esta alternativa de inversión (US$ 850 millones) tras el inicio del conflicto con algunas comunidades de Tumilaca. Actualmente dicho conflicto continúa un proceso de diálogo, en el que la compañía minera ha propuesto la compra de 1,900 hectáreas a las comunidades.
Sobre su operación en Toquepala, anotó que la mina registra una mejor ley por lo que su producción para el próximo año aumentaría en 30,000 toneladas de cobre.
Michiquillay y Los Chancas
Si bien Toquepala y Cuajone tienen juntos 60 años de vida útil, Southern busca poner en marcha cuanto antes nuevas operaciones para reducir la brecha de oferta minera que hoy -en Perú- oscila entre 8 y 10 años en proyectos greenfield.
Justamente, Michiquillay es un proyecto greenfield, cuya etapa de exploración, permisos y acuerdo social han demorado tres años. “Nos quedan otro seis años entre perforación, ingeniería y construcción. En total, nos demandará nueve años”. De entrar a fase de construcción, el proyecto demandaría una inversión de US$ 2,400 millones con una producción anual de cobre de 240,000 toneladas.
Southern -agrega Jacob- está por empezar la etapa de perforación de 70,000 metros en una primera fase del programa que, en total, duraría dos años. Para este año se han invertido US$ 25 millones y para el 2023, crecería a US$ 50 millones, alcanzando los US$ 180 millones para el 2024.
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“Michiquillay es un depósito que nos genera gran entusiasmo, con una ley promedio de 0.6%, por encima de otros lugares donde se desarrolla la minería”, señaló.
El otro proyecto es Los Chancas, en Apurímac, cuyo Estudio de Impacto Ambiental se encuentra avanzado, pero su puesta en marcha se ha detenido por la incursión de mineros ilegales, un problema que, a la fecha, no se ha podido solucionar y la empresa ha recurrido a la vía legal. “La solución es clara, la concesión minera fue entregada a Southern, al Estado le corresponde defender sus decisiones”.
¿Y Tía María?
Raúl Jacob señaló que la compañía minera ha podido reunirse con el actual gobierno de Pedro Castillo para buscar una solución al proyecto minero Tía María en Arequipa; aunque evitó dar detalles del mismo.
“Es un proyecto que está listo para empezar solo requiere de decisión política, de generar el proceso de discusión con las poblaciones de Islay y tomar algún acuerdo. Ya hemos puesto sobre la mesa la propuesta de pagar un seguro si fuera necesario, incluso crear un fondo de compensación, también está la propuesta de construir el reservorio de Paltiture”, respondió a Gestión. Raúl Jacob también precisó que han logrado solucionar su concesión en Vania.
Finalmente, la mirada del CFO de Southern Perú sobre la conflictividad social apunta a la pasividad del Estado para resolverlos: “Lo que vemos en el sector minero es que el gobierno actúa con lentitud cuando se presentan conflictos sociales y, además, está el debilitamiento de los grupos de gestión social. Entonces, el gran problema es que vemos que se tiene un régimen que permite mantener situaciones absolutamente irregulares, una debilidad estructural al disolverse los grupos de gestión social. El Ejecutivo ha perdido la capacidad de diálogo”.
Aunque también anotó que la actual ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, ha iniciado un proceso de fortalecimiento de equipos de gestión social dentro del Minem. “Eso para nosotros es una buena noticia”, finalizó.
