A tres años de haberse iniciado el arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por parte de la francesa Vinci Highways y Vinci Concessions, el Gobierno aprobó la contratación del estudio que lo defenderá. El caso se remonta a fines de 2021 cuando el accionista de Lima Expresa presentó una demanda, al considerar que sus derechos fueron vulnerados.
A través de una resolución ministerial, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se indica que, en cumplimiento de la ley que establece la respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión, se creó un comité especial que seleccione los servicios de abogados y otros profesionales que se requieran, cuya contratación la hará el MEF.
Dicho comité especial solicitó la contratación del servicio de asesoría jurídica del estudio Baker Botts LLP. Según la resolución, se cuenta con un crédito presupuestario para atender la contratación por S/ 4′794,060.18. Adicionalmente hay una previsión presupuestaria de S/ 28′921,830.99 para la referida contratación para los años fiscales 2025, 2026 y 2027. Así, el MEF autoriza al jefe de la Oficina General de Administración que suscriba el acuerdo de prestación de servicios.
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Composición de tribunal arbitral
Fue en diciembre 2021 que la francesa Vinci Highways presentó una demanda contra el Estado peruano alegando la vulneración de sus derechos como accionista, bajo el amparo del tratado de proteccion de inversiones suscrito entre Perú y Francia.
Sin embargo, se desconoce al detalle los sustentos detrás de esta denuncia. En julio del siguiente año, el CIADI -a través de Secretaría General- informó que el tribunal a cargo de este arbitraje estaría integrado por dos árbitros estadounidenses y un argentino.
Esta es el segundo proceso relacionado con esta empresa dado que, en 2018, Lima Expresa (empresa de Vinci Highways en Perú) inició un proceso arbitral contra la Municipalidad de Lima por el cobro de peajes. En junio de 2020, un tribunal de París emitió un laudo indicándose -por entonces- que la tarifa que correspondía aplicar a los peajes en dicho año debió ser de S/ 5.40 y no de S/ 5.70.
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