Multas por venta ambulatoria de chips a telcos llegó a S/ 2.2 millones a marzo 2023

Osiptel informó que, durante el primer trimestre de este año, las multas impuestas a las cuatro operadoras del mercado de telecomunicaciones por la venta ambulatoria de chips —o que está prohibido— alcanzó los S/ 2.23 millones.

Además, desde el 2020 hasta marzo del 2023 se impuso más de S/ 25 millones a las empresas operadoras del servicio móvil en multas al encontrarse evidencias de efectuar la venta de chips en la vía pública. En ese lapso de tiempo, fue en el 2021 en la que se impusó el número más alto de multas que alcanzó los S/ 10.4 millones.

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Entre las empresas que se sancionó, en los últimos cuatro años, el mayor monto corresponde a Telefónica (Movistar) con S/ 7.59 millones (30%); seguido de Claro, S/ 6.27 millones (25%); Entel, S/ 6.09 millones (24%) y Bitel con S/ 5.40 millones (21%).

Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción del regulador,señaló que la venta de chips móviles en la vía pública está prohibida por el ente regulador, pues de acuerdo con las normas vigentes, la contratación de servicios móviles a través de distribuidores se realiza solo en puntos de venta con dirección específica, y que se encuentren previamente reportados por las empresas operadoras al regulador

“El regulador ha establecido reglas mínimas respecto de los canales de comercialización de las empresas operadoras, para que la contratación del servicio se lleve a cabo brindando información suficiente al usuario y se registre de forma adecuada la titularidad de los servicios públicos de telecomunicaciones”, añadió.

Los peligros asociados a la venta de chips en la calle

La venta ambulatoria de chips, de acuerdo al regulador, vulnera los derechos de los usuarios al no ofrecer ninguna garantía de lo adquirido, pues no hay manera de certificar que se sigan los protocolos necesarios para la contratación de una línea móvil.

Además, sostiene el Osiptel, los ciudadanos que contratan líneas móviles ambulatoriamente entregan información de su huella dactilar a un desconocido en la calle y corren el riesgo del robo de su identidad en transacciones que, al carecer de control y fiscalización oficial, pueden derivar en acciones delictivas y de organización criminal.

Los peligros para el regulador son:

1. Suplantación de identidad. Producido el robo de identidad a través del mal uso de la huella digital, desconocidos pueden suplantar a la víctima en trámites y hasta actos delictivos, como fraudes cibernéticos.
2. Contratación de líneas móviles o portabilidades no autorizadas. También podrían realizar trámites no consentidos (contrataciones de líneas móviles, portaciones y migraciones), o compras no autorizadas de equipos de alta gama.
3. Ingresos no autorizados a cuentas bancarias y retiros de dinero. Con los datos personales y la información de la huella dactilar capturada por desconocidos, la seguridad de diversos aplicativos móviles de la víctima queda vulnerada.
4. Las líneas contratadas sin consentimiento podrían terminar en manos de delincuentes. Con la huella digital de la víctima un mal vendedor puede activar otras líneas y venderlas a personas que no quieren ser identificadas para cometer actos delictivos como extorsiones.

Las ventas irregulares de líneas móviles, en su mayoría realizadas en la calle de manera ambulatoria, motivaron que, en el 2022, las personas presenten más de 77,000 reclamos ante las cuatro principales empresas operadoras por la contratación no solicitada del servicio móvil pospago.

En ese mismo año, las empresas operadoras registraron más de 10,000 cuestionamientos de titularidad de servicios móviles prepago.

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