
Pese al contexto de altos precios de los metales, el avance de la minería ilegal se asienta como el principal flagelo para los empresarios formales del rubro.
La extracción de minerales por parte de agentes fuera de la ley viene acompañada de criminalidad y violencia, como ha dejado en evidencia los cruentos asesinatos conocidos de Pataz. Así, las empresas formales advierten que desde diversos frentes su actividad se dificulta, ¿qué observan en concreto los ejecutivos?
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“El tema de la minería ilegal es supercomplicado. Nosotros tenemos problemas porque invaden nuestras zonas y realmente nos obliga mucho a seguir explorando, y ni qué decir de salir a operar los proyectos”, afirmó Daniel Domínguez, CFO –vice presidente de administración y finanzas– de Compañía de Minas Buenaventura.
Además, comentó que en ocasiones se tiene cierres programados de minas que no llegan a concretarse pues los mineros ilegales no pueden ser retirados de las zonas que ocupan.
“Todo esto representa un costo para la compañía, flujo de caja negativos, y por supuesto al inversionista le genera un ruido que al final se traduce en una clasificación de riesgo más complicada”, manifestó en el marco del Perú Mining Investments Summit 2025 organizado por El Dorado Investments.

Ruido político afecta a la minería
El CFO se refirió también al impacto de la volatilidad política. Aseguró que las grandes empresas mineras que se financian en los mercados de capitales del exterior (como la bolsa de Nueva York) deben afrontar un costo adicional proveniente de la inestabilidad política en Perú.
“El riesgo país se ha ido complicando en los últimos diez años, con gobiernos de diferentes colores, hemos tenido cambios de presidente, Congresos que no van ni hacia atrás ni hacia adelante, complican las cosas, mucho ruido político que claramente ha empeorado el riesgo país y eso hace que nuestra deuda sea más costosa”, advirtió.
Por su parte, Patricia Gastelumendi, CFO – vice presidente de administración y finanzas de Ferreycorp, comentó que su firma ha colocado como una de las variables principales en sus modelos de riesgos a la inseguridad e ilegalidad. Dicho problema no solo afecta a la minería, sino a todas las actividades económicas, acotó.
“Hoy día vemos que (desde el Gobierno) no están tomando con seriedad (el tema de la ilegalidad), y vivimos en una inseguridad que va escalando; tenemos que hacer algo”, cuestionó la ejecutiva.
La emisión de bonos es más engorrosa
El CFO de Buenaventura señaló, además, que actualmente es “mucho más riguroso” emitir un bono u obtener un préstamo que hace una década.
“Hace 10 años no tenías, por ejemplo, el tema de ESG (principios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza corporativa por sus siglas en inglés), por ejemplo. Actualmente, tienes que presentar 10 veces más papeleo, y más temas que sustentar”, explicó.
En consecuencia, se “han complicado (dilatado) un poco los plazos para poder emitir un bono o un papel (para obtener financiamiento en los mercados de capitales)” según Domínguez.
Gabriel Ayllón, director de finanzas de Minsur, coincidió en que los principios de ESG cobran cada vez más relevancia en los procesos de financiamiento. Sin embargo, también dijo que son una “oportunidad” para demostrar que se desarrolla una minería responsable.
Domínguez precisó que las mineras se suelen financiar en la etapa de exploración a través de capital propio. Pero cuando un proyecto ya está en marcha o genera ingresos, pueden fondearse a través de bonos u otros mecanismos más sofisticados como los préstamos sindicados.
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Administración tributaria “más incisiva”
Ayllón agregó a los problemas de la minería ilegal y del ruido político, las dificultades con una administración tributaria (Sunat) que consideró que está siendo “más incisiva”.
“Esto le suma ruido, y le quita predictibilidad también al agente que va a financiar o que va a invertir en el negocio de minería”, sostuvo.
La pregunta que hacen los inversionistas
Sobre la percepción que tienen los grupos de interés respecto de la minería, Daniel Domínguez, de Buenaventura, consideró que, desde su experiencia, es positiva.
Sin embargo, Gabriel Ayllón, de Minsur, reconoció que existe un trabajo de comunicación que se debe mejorar de cara a la población para cambiar la valoración sobre la actividad extractiva, particularmente en regiones donde no se desarrolla actividad minera, pero existe el potencial para ello.
Por su parte, Patricia Gastelumendi, de Ferreycorp, comentó que la primera pregunta que le hacen los inversionistas extranjeros es por qué no salen adelante los proyectos mineros greenfield (desde cero, sin infraestructura existente) que hoy están en cartera en el país y que aún no logran ponerse en marcha.

Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.