Mil empresas en Perú cuentan con compliance anticorrupción, cuáles son los nuevos retos

“La sociedad ya no admite empresas corruptas y las termina sacando del mercado”, afirma Iván Martínez López, vicepresidente internacional y co-fundador de la World Compliance Association, quien estima que son más de 1.000 empresas privadas peruanas las que ya han certificado programas de prevención anticorrupción.

El representante de la organización con sede en España y que promueve la implementación de sistemas de gestión (compliance) que previenen el incumplimiento normativo, sostiene que el impacto reputacional de la empresa involucrada en actos de corrupción puede ser mas dura que la propia sanción judicial. Un ejemplo -cita- fue el caso Lava Jato y lo que sucedió con algunas de las empresas relacionadas. “Solo en una semana, la pérdida de valorización bursátil de Graña y Montero cayó 70%”, recuerda en diálogo con Gestión.pe.

El escándalo de corrupción mas grande de la región, destapado en el 2016, sin embargo, impulsó un tema que se llevaba reclamando por mucho tiempo en los países de América Latina y que fue recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): crear el concepto de la responsabilidad penal de la persona jurídica -que Perú adoptó en el 2017-, para que las empresas fueran responsables por los actos de corrupción que cometieran sus directivos y empleados.

El punto clave no obstante, según el co-fundador de la World Compliance Association, es que se implementen medidas de prevención, “y en este punto Perú lidera en la región, seguido de Brasil, como los países con más certificaciones de programas anticorrupción implementados por las empresas” ¿La razón en Perú? Una de ellas es que los procesos de licitación dan un puntaje mayor a las empresas que tengan programas anticorrupción.

“Nuestras últimas estimaciones dicen que son más de 1.000 empresas privadas peruanas, en las que incluimos pymes, las que ya han certificado o están por certificar este tipo de programas de prevención anticorrupción. En cuanto a entidades públicas, puedo decir que superan el centenar, entre ellos, el Ministerio Público, la Contraloría, entre otros”, mencionó.

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Si bien un programa de compliance está mas relacionado a una herramienta anticorrupción, este sistema también se incorpora para prevenir cualquier tipo de incumplimiento que la organización pueda considerar relevante. A nivel mundial, anota Martínez, las empresas están incorporando sistemas relacionados a proteger datos personales (ciberseguridad), legislación laboral, responsabilidad social, igualdad, entre otros.

“En Europa es impensable que existan empresas que no hayan adoptado medidas de prevención para la protección de datos. A nivel de América Latina, en tanto, un tema que es cada vez más importante son las cuestiones de compliance relacionados a las prácticas anticompetitivas sobre todo en mercados altamente concentrados y que tienen la capacidad de limitar el ingreso de nuevos competidores. Otro punto importante, es la implementación de sistemas que adopten políticas de igualdad de género y enfoque ambiental”, señala.

En esa línea, el representante de la Asociación, mencionó que la Unión Europea está próxima a aprobar una directiva que obligará a todas sus empresas a exigir medidas de cumplimiento ambiental y derecho laboral a sus proveedores de cualquier parte del mundo -el mercado europeo es un destino clave para las exportaciones peruanas-, por lo que aquellas exportadores que no se vean afectos ahora a medidas de compliance, tendrán un impacto directo para el 2023.

Para adoptar estas medidas, Martínez anotó que la World Compliance Association ofrece acreditaciones y capacitaciones gratuitas y tiene a disposición de las pymeas guías para la implementación de protocolos anticorrupción.

Retos para Perú

El análisis de la Asociación para Perú es que si bien ha tenido un avance regional importante en la adopción del compliance, no es suficiente. Martínez resalta que hace falta acentuar tres puntos: la independencia del Poder Judicial, reducir el déficit de contratación pública y mejorar la profesionalización del funcionario público.

“En Perú hace falta incrementar la credibilidad de separación de poderes. Asimismo, uno de los grandes lastres de la corrupción real en Perú es el déficit de contratación pública lo que hace que el país salga mal parado en los indicadores sobre percepción de la corrupción. Es clave también implementar fiscalías especializadas en sanción penal empresarial y la protección adecuada al denunciante”, dijo. Estos puntos también serán abordados en el VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, que se realizará en Lima del 19 al 22 de setiembre. Para conocer más sobre el evento, haz click aquí.