La mayor amenaza para que Perú aproveche más sus gigantescos yacimientos de cobre es el aumento de la actividad minera informal e ilegal, según la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú.
El país cayó al tercer lugar en el ranking mundial de producción de cobre y el año pasado registró su primera caída en la producción en cinco años. Este año debería poder volver a crecer, aunque sea ligeramente, y alcanzar un récord de 3.4 millones de toneladas métricas a finales de la década, según Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE.
Pero mucho depende de que se contengan las operaciones informales que están invadiendo las concesiones, una tendencia que abre la puerta a los grupos criminales, según Torreblanca.
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Más de 20 empresas, entre ellas Southern Copper Corp., MMG Ltd., First Quantum Minerals Ltd. y Teck Resources Ltd., se han visto afectadas, con decenas de miles de millones de dólares en inversiones en juego que dependen de la capacidad del país para resolver el problema.
“El mayor temor de los inversores es el aumento de la actividad informal”, afirmó en una entrevista el miércoles. Además de los problemas de seguridad, otro obstáculo para las inversiones mineras es la burocracia, añadió.
La producción informal de cobre sigue siendo mínima en comparación con la formal, pero el gobierno ha reconocido la existencia de producción informal a gran escala y advierte que los altos precios podrían hacer que esta actividad crezca en el futuro.
Los conflictos entre propietarios y concesionarios se han convertido en una cuestión clave, y el gobierno lucha por encontrar un equilibrio.
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Los ricos yacimientos de cobre y oro de Perú han atraído a cientos de miles de mineros a pequeña escala, que trabajan principalmente en tierras donde no tienen derechos mineros. Se estima que el 40% de las exportaciones de oro de Perú proceden de minas informales.
Muchos utilizan el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que les permite operar mientras pasan por el proceso de formalización. El Reinfo, que acaba de prorrogarse hasta finales de 2025, cuenta con una amplia oposición por parte de la industria, que considera que los permisos son una fachada para la actividad ilegal.
Ahora, se ha enviado al Congreso un proyecto de ley para la minería artesanal y en pequeña escala, conocido como Ley MAPE. Sin embargo, la industria advierte que el borrador que se está debatiendo podría acabar legitimando la actividad informal y debilitando aún más los esfuerzos de formalización.
“Es una gran preocupación”, afirmó Torreblanca.
