Cuando una empresa en Perú decide cesar operaciones, puede hacerlo a través de dos caminos jurídicos distintos: la liquidación societaria o la liquidación concursal. Aunque ambos procesos buscan el mismo resultado, es decir, el cierre ordenado de la empresa, existen diferencias sustanciales que pueden impactar directamente en la protección de los activos y el cumplimiento de las obligaciones con trabajadores y acreedores.
“La liquidación societaria es un proceso interno, ordenado, rápido y económico. En este caso, la junta de accionistas toma la decisión, mantiene el control del proceso y designa a los liquidadores”, explica Javier Márquez, asociado senior de CMS Grau.
Este mecanismo es adecuado para empresas que aún mantienen cierto nivel de solvencia, donde los activos alcanzan para cubrir las deudas y no existen grandes contingencias legales.
LEA TAMBIÉN: Errores comunes en la adopción tecnológica en las empresas
Por otro lado, la liquidación concursal se recomienda en contextos de insolvencia, cuando los pasivos superan a los activos o existen múltiples procesos judiciales en curso. A diferencia de la societaria, este procedimiento está supervisado por Indecopi, y es la junta de acreedores la que asume el control, reemplazando a los accionistas en las decisiones clave.
“Es un proceso más largo y costoso, pero en ciertas situaciones puede ser el único camino viable para proteger el patrimonio y garantizar la atención equitativa a todos los acreedores”, añade Márquez.
Uno de los aspectos más sensibles en estos procesos es el trato a los trabajadores. La ley peruana otorga prioridad al pago de las obligaciones laborales frente a otras deudas. “En ambos tipos de liquidación se paga primero a los trabajadores. Sin embargo, en la liquidación concursal, los pagos pueden demorar porque se depende de la realización de activos”, detalla Víctor Farro, socio de Reestructuración Empresarial e Insolvencias de la firma.
Asimismo, señala que lo fundamental es tener claridad desde el inicio: “identificar correctamente la situación financiera de la empresa permite escoger el camino más adecuado. No hacerlo puede poner en riesgo no solo los activos, sino también la responsabilidad de quienes toman las decisiones”.
El experto advierte que una mala elección del tipo de liquidación puede exponer a los accionistas y directivos a riesgos adicionales: “Si una empresa con serios problemas financieros opta por una disolución societaria sin un análisis adecuado, puede arrastrar pasivos personales o enfrentar sanciones por no actuar diligentemente frente a la insolvencia”, precisa.
A continuación, algunas recomendaciones clave para iniciar un proceso de liquidación responsable:
- Diagnóstico realista: antes de iniciar un proceso de liquidación, se debe evaluar con claridad la situación financiera y legal de la empresa.
- Asesoría especializada: consultar con expertos en derecho societario y concursal permite tomar decisiones informadas que minimicen riesgos.
- Orden y documentación: en cualquiera de los escenarios, se debe actuar con total transparencia, siguiendo los procedimientos formales y respetando la prelación de créditos establecida por ley.
- Cumplimiento laboral: asegurar el pago de sueldos, beneficios y compensaciones a los trabajadores debe ser una prioridad absoluta.
Finalmente, los especialistas coinciden en que el cierre de una empresa no tiene por qué convertirse en un proceso traumático o desordenado si se elige el camino legal adecuado. Elegir entre una liquidación societaria o concursal no sólo tiene implicancias legales, sino también éticas, especialmente en el trato con los empleados y acreedores.
