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La minería, motor económico de Perú, sufre por dos meses de protestas políticas contra el gobierno de Dina Boluarte que provocaron una nueva paralización en varias de las minas más importantes.
Responsable de casi 14% del PBI peruano, la actividad minera enfrenta desde inicios de enero el bloqueo de una ruta clave para transportar al menos 20% del cobre producido en el país, interrumpida por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta y elecciones generales.
“¿A dónde vamos a llegar?, porque la empresa no nos va a mantener toda la vida” con la producción paralizada, dijo a la AFP Elmer Centurión, de 45 años, que trabaja como operador técnico de camiones acarreando el mineral producido en Las Bambas, ubicada a más de 1,100 km al sureste de Lima.
“Tememos la suspensión perfecta (una medida legal que interrumpe el pago de las remuneraciones) y que probablemente empiecen los despidos”, sostiene Centurión preocupado.
Las Bambas, perteneciente al grupo chino MMG, produce 2% del cobre del mundo y 15% del peruano con 8,500 trabajadores, incluyendo a contratistas que solo cobran cuando trabajan.
“Desde el 3 de enero no han ingresado suministros y la actividad se está paralizando”, aseguró a la AFP Erick Ramos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas.
Una situación similar, dice Ramos, ocurre en la minera Antapaccay de la suiza Glencore, “que entró en operaciones mínimas y está también por comunicar que van a paralizarse”.
El actual bloqueo ocurre en el distrito Condoroma de Cusco, en el llamado corredor minero del sur, una ruta que cruza más de 400 kilómetros en los departamentos sureños de Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico.
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Conflictos crónicos
“La minería es un sector clave que siempre ha tenido conflictividad. Lo que sí es distinto en estos últimos dos años es que no ha habido disposición del gobierno de apoyarla, ni buen manejo de los conflictos”, explicó a la AFP la economista Paola del Carpio, coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo.
Un reflejo de ello es el 0% de crecimiento esperado por el Banco Central peruano en el PBI minero metálico de 2022.
Las Bambas asegura que desde que inició operaciones en 2016 “ha sufrido bloqueos” en el corredor minero del sur “por más de 540 días”.
“La minería ya venía perdiendo algo de competitividad por regulaciones”, indicó Del Carpio al precisar que hay “muchas minas operando de forma intermitente”, por lo que “la incertidumbre es clave”.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (ombusdsman), en noviembre del año pasado 58% de los conflictos sociales en Perú se relacionaron con la minería.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla señaló a la AFP que hay más de US$ 60,000 millones en proyectos, “pero dada la situación de conflicto uchos no se están dando o se están postergando. E incluso antes de las protestas ya el sector se veía amenazado”.
Según el Scotiabank Perú habrá un “impacto de las protestas y de la incertidumbre política en general” que será mayor en la inversión privada, tanto minera como no minera.
La entidad señaló que las manifestaciones tienen “un efecto real pero acotado” en la minería, puesto que “la gran mayoría de las demás minas siguen operando”.
No obstante, Guillermo Arbe Carbonel, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, advirtió que para este año esperan que la inversión privada caiga entre 2% y 3% y la minera en más de 10%.
Elmer Centurión tiene esposa, de 38 años, y dos hijos, de 11 y 7 años. Vive de la minería desde hace dos décadas y es su única fuente de ingresos familiar.
“Desde la primera semana de noviembre estoy sin trabajar” por las reiteradas protestas en el corredor minero, afirmó.
En caso de despido, “¿qué opciones tengo? Es una gran pregunta. Lo que queda es reducir tus gastos al máximo, retirar a mis hijos del colegio privado y ponerlos en uno estatal. Y buscar un ingreso, porque no me voy a quedar de brazos cruzados”.
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Burocracia y regulaciones
Entre las interrupciones también se cuentan trabas burocráticas y regulatorias.
El exministro Castilla resalta que “los permisos ambientales, sociales, de agua, se han vuelto un martirio, los costos de transacción se han vuelto onerosos”.
Arbe Carbonel afirma que la perspectiva a la baja responde al “actual escenario social”, pero además a la demora en trámites burocráticos.
Para el sindicalista Ramos “la región de Apurímac no ha sabido entender que por cada día parado dejan de entrar S/ 3.2 millones (unos US$ 820,000) de Las Bambas. Y eso es menos presupuesto para obras. Esto tiene que parar, no se pueden seguir desperdiciando oportunidades”.
Fuente AFP
