Perú pierde US$ 400 millones en exportaciones de cobre tras 42 días de paralización en Las Bambas

La minera Las Bambas informó que el país pierde cerca de US$ 400 millones en exportaciones de cobre y más de S/ 220 millones en rentas, tras 42 días de paralización de sus actividades en la región Apurímac, debido a la invasión de sus terrenos por parte de los comuneros.

A través de un comunicado, la empresa minera lamentó que no se llegara a un acuerdo en la reunión de este miércoles en la Presidencia del Concejo de Ministros entre funcionarios, miembros de seis comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas, Apurímac, y representantes de Las Bambas.

“Saludamos el esfuerzo del Gobierno del Perú por establecer un diálogo que conduzca a reanudar las operaciones de minera Las Bambas, suspendidas desde el 14 de abril por la invasión ilegal de sus terrenos y que, tras 42 días de la paralización, ha generado pérdidas por cerca de US$ 400 millones en exportaciones y más de S/ 220 millones en rentas para el Perú y la región Apurímac”, mencionó.

Indicó que no se llegó al acuerdo por la posición de las seis comunidades campesinas en condicionar la liberación del terreno invadido y la reanudación de las operaciones a la subsanación de supuestos incumplimientos que no precisan.

“Cabe señalar que muchos de ellos son nuevas demandas no consignadas en acuerdos anteriores y entre ellas figuran esquemas no contemplados en el ordenamiento legal vigente, como por ejemplo una participación del 50% de las utilidades de minera Las Bambas a cambio de un supuesto aporte de terrenos, los cuales ya fueron adquiridos y pagados por Las Bambas a la propia comunidad en el 2013″, refirió.

Agregó que si sigue esta medida de fuerza de las comunidades se pone en riesgo 9,000 puestos de trabajo y más de 1,400 pequeñas y medianas empresas de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios a Las Bambas

En ese sentido, la compañía reiteró su disposición a un diálogo transparente y constructivo para una revisión exhaustiva de los compromisos de la empresa con las comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, e invocó a estas a deponer medidas de fuerza ilegales y demandas incompatibles con el marco legal de la actividad minera en el Perú.

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