Las causales que se pueden usar para la salida de Azteca de la Red Dorsal de internet

“Estamos en proceso de resolución del contrato con la firma Azteca de tal manera de poder recuperar (la Red Dorsal) para que pase a manos del Gobierno”, precisó escuetamente a RPP Noticias.

La Red Dorsal de Fibra Óptica (RDFO) fue concebida como una gran infraestructura de telecomunicaciones para llevar internet a las zonas más alejadas del país y conectar escuelas, centros de salud, comisarías y otras instituciones del Estado.

En junio del 2014, el Estado suscribió el contrato de concesión con Azteca Perú con el objetivo de financiar, diseñar, desplegar, operar y mantener la red dorsal. Así como prestar, como servicio único y a través de dicha red, el servicio público de telecomunicaciones en la modalidad de servicio portador bajo el esquema de tarifa única de US$ 23 más IGV por Mbps. (Servicio al portador implica brindar el servicio a operadores de telecomunicaciones, pero no a los consumidores finales).

Asimismo se estableció que la empresa tendría derecho a recibir trimestralmente del MTC, pagos por concepto de Retribución por Inversión y Retribución por Mantenimiento y Operación. Con estas características, la gran infraestructura -de 13,500 kilómetros de fibra óptica y 322 nodos- fue culminada el 2016.

No obstante, el gran problema que arrastra la Red Dorsal (desde hace cinco años) es que no cumplió los objetivos para los que fue creada debido a que principalmente compite con redes privadas que ofrecen el mismo servicio -llevar internet- a un menor precio.

Un informe de Azteca revela que -por ejemplo- el tráfico que realmente cursa a través de la red dorsal dista del proyectado, ya que el tráfico real solo representa alrededor de 7% de lo estimado.

Se creía que para el 2019 la demanda sería de 2,406 gigabytes por segundo (gbps), pero la real es de apenas 175 gigabytes por segundo (gbps). Este resultado revela que la gran infraestructura está siendo muy poco utilizada.

A lo que se suma lo costosa que viene siendo para el Estado (por los pagos que por contrato se tiene que hacer a la concesionaria a pesar que la infraestructura no se usa plenamente): en lo que va en la fase de prestación del servicio, desde el 2016 al 2019, el Estado ha destinado US$ 114 millones a los que originalmente fueron proyectados. (Ver cuadro)

“A la fecha, no existen instituciones públicas conectadas a esta importante red de enormes capacidades y son pocas las localidades que se ven efectivamente beneficiadas con acceso a Internet de banda ancha”, precisa. Igualmente solo 151 de los 322 nodos de la red dorsal tienen capacidad contratada mientras que 171 nodos no generan beneficios sociales para los peruanos.

Conscientes de esta situación se trató desde el Ejecutivo, de cambiarlo -primero- con una adenda que planteaba al operador de la red dorsal flexibilidad tarifaria para que pueda responder a las tarifas de la competencia y generar más ingresos. No obstante, esta fue rechazada por Azteca.

También se hizo -como segundo camino- cambios al reglamento de la ley de banda ancha para dotarles de un escenario atractivo. Como, por ejemplo, se le dio la posibilidad (al operador de la red) de solicitar el Estado para que pueda ofrecer no solo megas sino también landas para trasladar un mayor cantidad de datos y aumentar su tráfico. Igualmente se le dio la posibilidad de pasar tráfico internacional al tener nodos en frontera (en Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia). Sin embargo, estos cambios tampoco fueron aprovechados por el concesionario.

-Resolución del contrato-

Ante lo cual -en diciembre del 2019- el concesionario presentó un proyecto de adenda para resolver el contrato bajo la figura de caducidad por mutuo acuerdo. La misma que hasta ahora no llega a buen puerto, tomando en cuenta que el MTC presentó su contrapropuesta -en mayo del 2020- la que también fue rechazada por la empresa aduciendo que “era abiertamente contraria a los acuerdos establecidos”.

“Me abstuve por honor de participar en las tratativas para concretar su salida de Azteca debido a que yo trabajé para esta empresa. Quien lideró el proceso de negociación con la empresa fue el exviceministro de Transporte (Carlos Estremadoyro) junto con la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones. Paralelamente en el viceministerio de comunicaciones, no nos quedamos con los brazos cruzamos y modificamos el reglamento de la ley de banda ancha”, precisó a Gestión.pe la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.

En esa línea, agregó que desconoce detalles de las negociaciones ni los motivos por lo que viene tomando más de dos años la salida de firma mexicana. No obstante, sí considero que el Estado cuenta con elementos suficientes para resolver el contrato de concesión y darle valor a una infraestructura que se ha convertido en un elefante blanco en momentos que el país requiere de conectividad.

“Hay dos formar para la resolución del contrato, la que finalmente decidirán las nuevas autoridades del MTC. La primera es la resolución unilateral por razones de interés público y cómo se sustenta ello. Justamente, en el hecho de que este contrato se basa en dar sentido al régimen de banda ancha, en donde se cuelgan los proyectos regionales que ya están activados y que van a empezar a activarse más este año, con lo cual, a dónde se van a conectar si la red dorsal es carísima”.

Añadió que desde el Estado se puede usar esta figura alegando que se le otorgó todas las alternativas posibles a la empresa para que la infraestructura sea viable -comercialmente- no obstante todas la propuestas fueron rechazadas en base a excusas. “Ahora el Estado peruano está solido para resolver el contrato por interés público tomando en cuenta la afectación -más aun en esta pandemia- y tomando en cuenta todo lo que ha hecho para darle valor a esta infraestructura”.

La segunda forma que habría que explorar -dijo- es la resolución por incumplimiento contractual.

“Esto es de público conocimiento. Cuando Azteca construye los nodos, lo hace sobre terrenos alquilados, no comprados. Por este hecho hay un arbitraje en curso cuyo laudo ya debe salir en estos días. El razonamiento del Estado peruano en este arbitraje, que lleva muchos años, es muy sólido porque jamás he visto que el Estado invierta en un contrato APP y lo haga sobre terrenos alquilados. Cuando ese laudo se emita, que creo le va a dar la razón al Estado peruano, se va a configurar el incumplimiento contractual”, puntualizó.

La exviceministra consideró vital que si se opta por la resolución del contrato ya sea aduciendo la figura de interés público o por incumplimiento contractual sea esta gestión -la liderada por Sagasti- la que termine el proceso. “De acuerdo al contrato de concesión tiene un procedimiento para la resolución del contrato que incluye notificación, oficios, descargos, opinión de Osiptel, audiencia pública y decisión. El Estado peruano puede acortar los plazos y tomar una decisión antes del cambio de Gobierno”.

Durante ese proceso, aconsejó la emisión de un decreto de urgencia que le faculte al MTC y Pronatel la posibilidad de contratar -de manera inmediata- a una empresa supervisora para que supervise y fiscalice todo la red, antes de que regrese al Estado. Para cerciorarse de su situación y no devolver la carta fianza a la concesionaria hasta conocer si toda la infraestructura -los 13,500 kilómetro- está en buenas condiciones.

-Por qué demora en concretarse la salida de Azteca-

¿A qué se debe la demora en concretarse la salida de Azteca como operador de la redo dorsal? Según supo Gestión.pe se debe principalmente a las condiciones que planteó para concretar su salida por mutuo acuerdo, las que no fueron aceptadas por el MTC.

En concreto, antes de la adenda de resolución, pretendía que el Estado peruano le otorgará mayores fondos -más de lo que se le viene dando- para poder costear su gestión de venta, lo que no se puede -en la práctica- debido a que el propio mecanismo de APP lo impide ya que implica modificar factores de competencia, que no se pueden cambiar por ley.

Es decir, aceptaba la flexibilidad tarifaria, pero solicitaba que se le otorgará fondos para salir a vender sus servicios.

Con la adenda la resolución del contrato, planteaba que se liberará de la fianza cuando este mecanismo es un respaldo que tiene el propio Estado para responder en caso que la infraestructura tenga contingencias por el desgaste natural. Es decir, lo que querían que se le devuelva la fianza conforme se vaya entregando los nodos, lo que no está pactado en el contrato original.