Expertos abogan por sanciones más disuasorias para combatir el lavado de dinero

Las astronómicas cifras del dinero sucio que circula por los bancos más importantes del mundo, recogidas en la investigación internacional de los Archivos FinCEN, muestran que se necesita un arsenal de sanciones más disuasorias para combatir el flagelo, estiman los expertos.

Existe una legión de casos: desde Danske Bank hasta la “lavandería rusa” pasando por el fondo soberano de Malasia 1MDB y los Luanda Leaks. Las sumas citadas en la investigación “son asombrosas”, señala Nienke Palstra, de la asociación anticorrupción Global Witness.

Los “Archivos FinCEN” revelados este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) analizan miles de informes de actividades sospechosas (SAR) transmitidos por los bancos a las autoridades financieras estadounidenses: suman US$ 2 billones entre 1997 y 2017.

Lo que demuestra, según Palstra, el fracaso de las distintas legislaciones y órganos establecidos para luchar contra el flujo de dinero sucio durante los últimos años, ya sea en Europa, Estados Unidos o en otros sitios.

Para el ICIJ, estas sumas, ya de por sí vertiginosas, representan una gota de agua en el océano que circula por el sistema bancario internacional.

La comisión parlamentaria británica del Tesoro escribió el miércoles al gobierno ante las revelaciones “profundamente preocupantes” para pedir que se actúe con el fin de “fortalecer la seguridad del sistema financiero”.

Inacción y falta de medios

Los expertos critican la falta de acción de las autoridades, que carecen de medios, y los escasos procesamientos judiciales.

Pero “la mayor parte de la responsabilidad recae sin lugar a duda en los bancos porque continúan las transacciones incluso cuando hay fuertes sospechas de dinero sucio”, declara Palstra. En su opinión el problema radica en que “los castigos son mucho menos impresionantes que las ganancias en juego”.

Según Clothilde Champeyrache, economista del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, especializada en criminología, estos bancos tienen los medios para pagar las multas y se contentan con hacer acopio de provisiones, como demuestran sus reservas de miles de millones de dólares para gastos legales.

Pone como ejemplo a JPMorgan Chase, que reservó US$ 23,000 millones (19,000 millones de euros) para posibles litigios en el 2014.

En el Reino Unido, Palstra cita el problema de una cierta connivencia entre los bancos, la City de Londres y las autoridades financieras, que colaboran en un grupo de trabajo (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce).

Este grupo, lanzado en el 2015, reivindica 130 detenciones pero solo 13 millones de libras incautadas o bloqueadas, según la página web de la Agencia Nacional contra el Crimen.

Los grandes bancos como HSBC dicen que respetan la ley, que la investigación del ICIJ se basa en transacciones antiguas, que desde entonces la legislación se ha endurecido y que sus prácticas han mejorado.

La asociación que representa los intereses de la finanza británica, UK Finance, habla de “prioridad absoluta” para el sector que “gasta más de 5,000 millones de libras (US$ 6,400 millones, 5,500 millones de euros), al año en luchar contra los delitos económicos, recurriendo a la detección temprana, la tecnología de vigilancia y el intercambio de información”.

Los bancos también afirman que un SAR no quiere decir que se haya cometido un delito financiero y que solo una pequeña minoría de los informes de actividades sospechosas presentados a las autoridades dan lugar a investigaciones más exhaustivas de los órganos financieros.

Responsabilidad personal

Champeyrache considera “ingenuo” “basar la lucha contra el lavado de dinero en la buena voluntad de los bancos”, ya sea en lo referente a los SAR o la obligación de verificar la identidad de los clientes.

“Todos los grandes bancos tienen en su organigrama una célula supuestamente encargada de verificar que los clientes estén limpios, pero ¿qué medios se les asigna?”, pregunta.

Las asociaciones como Transparencia Internacional aseguran que “las soluciones existen”: sobre todo aumentar las sanciones financieras y penales para los bancos.

Nienke Palstra recomienda “una responsabilidad personal para los banqueros”.

Pero los gobiernos se hacen los remolones, según Champeyrache, porque las grandes instituciones financieras, al igual que en la crisis del 2008, siguen siendo demasiado grandes para quebrar. “Desempeñan un papel muy importante en la economía. Ellas son las que tienen el poder”.

Muchas de las personas que están detrás de transacciones cuestionables tienen influencia y muchos recursos. Eso sin contar con los juicios costosos que puede provocar, como en el caso de los fondos 1MDB.