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En una pugna que enfrenta a Enel, Gases del Norte (Gasnorp) y entidades del sector de Energía y Minas con Gases de Talara (Gastalsa), el primer grupo de litigantes sufrió un revés. La Corte Superior de Justicia de Sullana falló a favor de esta última empresa en un litigio por la transferencia de un ducto de gas en Piura.
Dentro de esta controversia, el Juzgado Civil de Talara había dispuesto a transferir forzosamente el ducto que abastece de gas natural a la central Térmica de Malacas, de propiedad de Enel Generación Piura, a Gastalsa, en junio del 2022.
La sentencia declaraba nulas las resoluciones que establecían la caducidad de la concesión otorgada a Gastalsa para la prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos en el distrito de Pariñas, provincia piurana de Talara.
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Frente a ese contexto, Gasnorp -que ahora opera la concesión de distribución de gas natural en Piura- formuló una excepción de caducidad en contra de Gastalsa. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Sullana acaba de declarar infundado dicho recurso.
Desde Enel Generación Piura (EGPIURA), consideraron que este nuevo fallo es contradictorio con lo resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional, que estableció que la demanda contencioso administrativa interpuesta por Gastalsa para recuperar el ducto fue presentada de manera extemporánea.
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“Al no estar de acuerdo con lo resuelto por la sala, EGPIURA está evaluando la interposición de las acciones legales pertinentes en resguardo de sus derechos”, adelantó Enel.
Impacto de la transferencia del ducto
En el 2022, el gerente general de Enel Generación Piura, Rigoberto Novoa, sostuvo que la transferencia del ducto encarecería los costos operativos de las turbinas de la central Malacas al extremo de obligarlos a cerrar la planta porque ya no sería económicamente sostenible.
“Malacas no solo es la principal planta de generación eléctrica del norte peruano, sino que también consume cerca del 90% del gas natural que se produce en el área. En consecuencia, su cierre no solo representaría una amenaza a la reserva energética de esta zona del país, sino también un fuerte golpe al empleo, a las comunidades beneficiarias de estas industrias y la economía de la región”, expresó.