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A partir de septiembre se dictaría el laudo por el arbitraje que emprendió Enagás contra el Perú. Con esta acción, la empresa espera recuperar su inversión, luego de que en enero de 2017 el Gobierno peruano decidiera rescindir la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al consorcio en el que participaba la española junto a Graña y Montero y la brasileña Odebrecht, debido a los escándalos de corrupción que envolvían a esta última.
El arbitraje se inició debido a la solicitud presentada por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque antes de ello la compañía había intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano para recuperar su inversión. El monto que reclama es de US$ 500 millones. De acuerdo con el Plan Estratégico del grupo, este contempla recuperar US$ 200 millones de este laudo en 2024 y el resto después del 2030.
En el Gasoducto Sur Peruano, Odebrecht contaba con una participación del 50%, mientras que Enagás y Graña y Montero con 25%, respectivamente. Este proyecto suponía una inversión de US$ 7,328 millones.
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La nueva fecha anunciada por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de España, implica un retraso con respecto a las estimaciones que había hecho la compañía en abril de este año, cuando su CEO, Arturo Gonzalo Aizpiri, indicó que la dirección esperaba un laudo favorable hacia finales del primer semestre de este año.
En aquel mes señaló que tampoco hay cambios en los arbitrajes para la repatriación de la caja de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), sobre la cual se espera un laudo a finales de 2024.
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