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Han pasado siete años desde que el Estado peruano resolvió el contrato suscrito entre el consorcio integrado por Enagás, Graña y Montero y Odebrecht para la edificación del denominado Gasoducto Sur Peruano (GSP). La decisión, tomada ante el descubrimiento de los casos de corrupción en los que estaba inmerso Odebrecht, generó que la firma española Enagás lleve a un arbitraje al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y ahora el laudo estaría por emitirse.
En concreto, Enagás mantiene la previsión de que el fallo sobre este caso se entregue este semestre, tal y como lo adelantó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de España a inicios de año.
“No estamos contemplando un nuevo retraso, sino que, como digo, pues contemplamos contar con el laudo en este primer semestre”, afirmó ahora su CEO, Arturo Gonzalo Aizpiri, en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre de 2024.
El ejecutivo consideró que quizá se había producido “una dilatación del proceso” al tratarse de un laudo que maneja “cuestiones de fondo complejas y que sin duda el Tribunal Arbitral ha querido considerar con todo detalle”.
Con este litigio, la compañía busca recuperar la inversión realizada en el GSP antes de su cancelación, como estipula la cláusula 20 del contrato, informó Bolsamanía.
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Monto a recuperar
En la junta general marzo de 2023, Gonzalo Aizpiri confió en recuperar el 50% de la inversión en el GSP (alrededor de US$200 millones) en este año y el resto más allá de 2030, de acuerdo con su Plan Estratégico. Un mes después, proyectó que un laudo favorable llegaría a finales del primer semestre del 2023.
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Sin embargo, en julio de dicho año, previó que la decisión del Tribunal se presentaría recién desde septiembre del 2023. Hasta el momento, el laudo aún no ha sido emitido. Como se recuerda, el conflicto de Enagás con Perú comenzó en 2017, cuando el Gobierno paralizó el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) de más de 1,000 kilómetros. Tras esa medida, Enagás solicitó un arbitraje ante el Ciadi, aunque antes había intentado llegar a un acuerdo.
La firma busca recuperar su inversión, con un reclamo por US$500 millones en total.
En el GSP, Odebrecht contaba con una participación del 50%; mientras que Enagás y Graña y Montero, con 25%, respectivamente. Dicho proyecto representaba una inversión de US$7,328 millones.
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