Tres empresarios peruanos se suman a pacto social para que Iberoamérica salga del COVID-19

El documento señala que la reconstrucción debe sostenerse en la mutua confianza y el consenso entre todos los actores sociales. “Los costos de esta crisis deben repartirse y no recaer excesivamente en ningún sector. Se debe generar diálogo y confianza para enfrentarla”, indica el informe.

Por eso, Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB, asegura que en esta nueva época se hace necesaria la colaboración público-privada. Núria Vilanova, presidente del CEAPI, agrega que se necesita un clima de confianza entre los gobiernos y las empresas para salir de la crisis. “La esencia del empresario es creer y crear. Necesita confiar en las políticas de sus países y sus gobiernos para seguir invirtiendo a pesar de la pandemia”.

“Nunca fue tan trascendental la contribución público-privada para enfrentar una coyuntura desfavorable como la actual. Esto exigirá repensar un nuevo contrato social. Se necesitarán fórmulas más flexibles para incorporar a la economía el enorme colectivo de economía informal. También son tiempos para apostar por la innovación, nuevas tecnología y formación de trabajadores para incrementar la productividad”, continúa el informe.

Entre los 50 empresarios firmantes del documento figuran Eduardo Hochschild, presidente ejecutivo de Hochschild Mining; Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura; y Diego de la Torre, presidente del directorio de La Viga. Las empresas peruanas a las que representan se han comprometido a ofrecer bienes y servicios que demande la sociedad en un contexto de reconstrucción post pandemia, crear empleos y generar valor para sus accionistas.

Hacia un nuevo pacto social

El documento enfatiza que el papel del sector privado debe evolucionar y, si bien debe preservar su rol fundamental de ofrecer bienes y servicios demandados por la sociedad, crear empleos y generar valor para sus accionistas, ahora también debe asumir un rol proactivo en la reconstrucción de Iberoamérica y ser parte de un nuevo contrato social.

“Esto implica que el empresario debe mirar más allá de su negocio, preocuparse por las tendencias políticas y sociales de su entorno, construir una visión integral y anticiparse a las tendencias (...) El diálogo y la colaboración son las armas fundamentales, y la solidaridad se convierte en un objetivo corporativo adicional”, señala el informe.

Se propone, por ejemplo, que las empresas apoyen en la implementación de políticas públicas en América Latina, que se caracteriza por su debilidad institucional y escasos recursos financieros y humanos.

“Ya se ha demostrado durante la pandemia que el sector privado puede apoyar a los gobiernos utilizando sus aparatos productivos y capacidad de gestión para proveer bienes y servicios, como medicinas, alimentos y logística. Pero también ha demostrado que puede ayudar aportando su capacidad de conocimiento, análisis y generación de proyectos e ideas”, se indica.

También se propone buscar alternativas entre el sector público y privado para la sostenibilidad fiscal. “No se puede caer en la sobresimplificación de que la única solución es aumentar los tributos”, considera el informe. Además, se busca el aporte de los empresarios para gastar bien los recursos, garantizar el pago -aunque sea mínimo de servicios clave para así no fomentar una cultura de no pago-, y rechazar tajantemente la corrupción.

Parte del nuevo contrato social es también trabajar con los gobiernos para crear plataformas de discusión internacional para avanzar en la reforma de la arquitectura financiera global y que los organismos internacionales (G20, G7, Naciones Unidas) incluyan en su agenda a los países de ingresos medios.