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Delta Air Lines Inc. está preparada para una larga batalla por la suspensión planeada por el Gobierno de Estados Unidos de su asociación transfronteriza con Grupo Aeroméxico SAB, que según los reguladores debería terminar en octubre.
La disolución propuesta de la asociación ha enfrentado a las dos compañías con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que afirman que el plan castiga a la asociación por acciones del Gobierno mexicano que escapan a su control.
“Será un proceso largo e interminable”, declaró en entrevista Ed Bastian, director ejecutivo de Delta. “Tenemos muchas partes involucradas en esta etapa, y muchos clientes están comprometidos y muy molestos”.
La agencia citó el efecto sobre las aerolíneas estadounidenses de la decisión de México de prohibir las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el principal que da servicio a Ciudad México, debido a los niveles de saturación del tráfico.
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Mientras que el Gobierno mexicano no ha ofrecido planes para agregar capacidad operativa en el aeropuerto Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado tratando de aumentar el tráfico en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un proyecto emblemático a 50 kilómetros al norte de Ciudad México.
La medida del Departamento de Transporte se produce después de que Estados Unidos suspendió el año pasado una empresa conjunta entre las aerolíneas de ultra bajo costo Allegiant Travel Co. y la línea aérea mexicana Grupo Viva Aerobus S.A. por considerar que México no estaba cumpliendo con los requisitos de un acuerdo de transporte entre ambas naciones.
La rescisión de la alianza Delta-Aeroméxico, que el Departamento de Transporte ha pedido que finalice antes del 26 de octubre, podría perjudicar a los consumidores al obligar a cancelar o reducir algunas rutas y desacelerar el crecimiento económico en México, según ha señalado Delta. La protección antimonopolio del acuerdo permite a las compañías planificar conjuntamente vuelos, rutas y precios.
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