Acreedores laborales de Doe Run Perú SRL en liquidación presentaron una carta ante la Presidencia del Consejo de Ministros expresando su rechazo a la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial SAC como liquidadora de la minera.
Cabe recordar que tras la salida de Consultores A1 como liquidador de DRP, se acordó que el Indecopi abra un proceso en la Bolsa de Liquidaciones para encontrar a una nueva entidad que asuma dicho rol.
Según el documento de los trabajadores, Alva Legal Asesoría Empresarial SAC mantiene un vínculo laboral con AYS SAC, acreedor reconocido de Doe Run Perú y, por ende, con derecho a voto, lo que la convertiría en “juez y parte” de asumir el rol de liquidador.
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Sonia Alva Rodríguez, representante legal de esta firma, ha sido funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi, denuncian los acreedores, lo que agiganta los cuestionamientos.
Acreedores laborales exigen transparencia en liquidación de Doe Run Perú ante cuestionamientos. Foto: difusión
Además, en febrero y mayo de este año se opusieron a la designación del liquidador propuesto por los acreedores laborales y en contra del Convenio de Liquidación, lo que habría facilitado que el caso termine en Indecopi.
Advierten que Alva Legal mantiene también una relación laboral con el Estudio Muñiz, abogados de Doe Run Cayman —también acreedor— y con el Estudio Grau, de Depósitos Químicos Mineros SAC.
Dichos acreedores buscan cobrar las deudas millonarias antes que los trabajadores, de acuerdo con los argumentos de los extrabajadores de la minera. Incluso, los señalan de oponerse al fin del proceso de liquidación —vigente por más de 15 años— y de la venta de la Unidad Minera Cobriza y del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
El pasado 10 de julio denunciaron a Alva Legal ante Indecopi por incumplir los requisitos para ser liquidadores y solicitaron cancelar su registro.
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Además, cuestionaron que Lourdes Ángela Bernedo Esquivel, socia de la firma, figura con calificación crediticia riesgosa por más de S/ 32,000 en BBVA, causal de cancelación según la ley. De designarse a esta letrada, su eventual cancelación alargaría el proceso de liquidación.
Insisten los acreedores laborales que la designación de liquidador de Doe Run Perú debe recaer en la Junta de Acreedores y no de Indecopi por los latentes conflictos de interés planteados.
Vale acotar que se disputa un fideicomiso de US$ 20 millones —el último activo de Doe Run Perú en liquidación— que están en Scotiabank. Los extrabajadores de la minera exigen el pago de una deuda mayor a los S/ 151 millones.
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“Estos tres actores: Doe Run Cayman, Depósitos Químicos Mineros y ALVA LEGAL ASESORIA EMPRESARIAL a través de AYS S.A.C. en liquidación, son los acreedores que se oponen a la culminación de la liquidación, desconociendo la prevalencia del crédito laboral de primer orden de pago, en un caso en el que no existen activos suficientes para pasar a pagar a los acreedores de tercer, cuarto y quinto orden de preferencia, tal como ha sido reconocido por los mismos acreedores de quinto orden distintos a los tres acreedores que denunciamos”, reza el documento remitido a PCM y que lleva las firmas de Luis Cuadrado Cárdenas, representante del acreedor laboral.
