Disney demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y lo acusó de “venganza” política después de que una junta designada por él anulara acuerdos que le daban al gigante del entretenimiento el control sobre la expansión de su parque de atracciones en el estado.
El gigante del entretenimiento considera que está siendo víctima de “una campaña orquestada” por él que supone una “amenaza” para sus operaciones comerciales y su futuro económico en la región. La empresa alega que además esa supuesta campaña de DeSantis “viola sus derechos constitucionales”, según el texto de la demanda.
La demanda llega dos meses después de que el Congreso de Florida, a instancias del gobernador, aprobara una ley que priva a los parques de Disney en Orlando del autogobierno, después de que el grupo discrepara con otra ley floridana también promovida por DeSantis que prohíbe hablar de identidad de genero e las escuelas.
“Castigo” y “represalias” son las palabras que usa Disney para describir la supuesta campaña por la que demanda a DeSantis, quien se encuentra este miércoles de visita en Israel.
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DeSantis y la compañía se enemistaron el año pasado cuando Disney criticó una ley promovida por el republicano que prohíbe enseñar asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en escuelas primarias de Florida.
Como represalia por esas críticas, el gobernador designó en febrero a una junta para dirigir un distrito especial otorgado a Disney en los años 1960, en su parque de atracciones de Orlando, que la compañía gestionaba como un gobierno local.
“Una campaña selectiva de venganza gubernamental -orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso de Disney- amenaza ahora las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales”, indicó la compañía en su demanda presentada ante un tribunal federal del norte de Florida.
El enfrentamiento escaló cuando se conoció que, antes de perder el autogobierno en sus parques en Florida, Disney firmó unos acuerdos a perpetuidad con los anteriores supervisores del estado que prácticamente dejan sin capacidad de acción a la nueva junta nombrada por DeSantis.
El gobernador respondió diciendo que el Congreso de Florida tiene la autoridad para revocar acuerdos y que se está trabajando en un proyecto de ley para anular los alcanzados a última hora entre Disney y el Distrito de Mejoras de Reedy Creek.
Según el medio local WESH 2, de Orlando, donde se encuentran los parques temáticos de Disney, los integrantes de la junta supervisora creada por DeSantis se reunieron y votaron justo antes del mediodía de hoy para invalidar la serie de acuerdos que Disney hizo con Reedy Creek a principios de este año.
Mickey, Minnie y el rey Carlos
La iniciativa de Disney, que emplea a más de 75.000 personas en el estado, llega después de que la junta designada por DeSantis anulara este miércoles acuerdos firmados por la empresa justo antes de ceder el control del distrito especial.
Con esa jugada, Disney se aseguró de no necesitar la aprobación de la junta para construir edificios en el distrito o ceder derechos de superficie, además de prohibir el uso del nombre de la empresa o de sus personajes por parte de los nuevos gestores.
Los documentos incluían una cláusula que garantizaba su validez hasta “21 años después de la muerte del último superviviente de los descendientes del rey Carlos III” de Inglaterra. DeSantis, cuya candidatura a la Casa Blanca parece inminente, había prometido invalidar esos acuerdos y amenazado con subirle los impuestos a la compañía o imponerle inspecciones de seguridad.
La nueva estrella de la derecha estadounidense, de 44 años, se ha dado a conocer con sus batallas culturales contra políticos, profesores y empresas como Disney, a los que acusa de imponer una ideología progresista a los demás.
En su demanda, la compañía solicita que se ilegalicen las leyes que le retiraron el control del distrito especial, alegando que se “promulgaron en represalia por el discurso político de Disney en violación de la Primera Enmienda”, que protege la libertad de expresión.
“A la empresa no le queda más remedio que presentar esta demanda para proteger a sus miembros, a los clientes y a los socios locales de una campaña implacable para utilizar el poder del gobierno como arma contra Disney”, indicó la compañía en el documento judicial.
“En Estados Unidos, el gobierno no puede castigarte por decir lo que piensas”, añadió.
Disney ha anunciado sus planes de invertir más de 17.000 millones de dólares en Disney World en la próxima década, una medida que, según sus previsiones, creará más de 10.000 nuevos puestos de trabajo y atraerá aún más turistas a Florida.
Con información de EFE y AFP