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Tras el desastre ecológico ocasionado durante operaciones de desembarque de crudo en la Refinería La Pampilla (Relapasa), propiedad de la española Repsol, por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla en el Callao, la discusión se ha centrado -en principio- en la remediación del daño ocasionado y las sanciones que recibiría la empresa.
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Por lo pronto, una multa de hasta 30,000 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 138 millones (US$ 33.4 millones), podría convertirse en un primer impacto para las arcas de la empresa, pero ¿qué pasará con sus principales indicadores?, ¿sus ventas y su posición en el mercado también se verán menguados?, ¿qué pasará con sus acciones?
Valorizada, según el último cálculo realizado por Alkia Capital, en US$ 1,456 millones, Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasa) forma parte del grupo español Repsol, y hasta octubre del año pasado cotizaba en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), pero después de haber adquirido -mediante una Oferta Pública de Compra (OPC)- el 7.58% de las acciones que estaba en manos de terceros, se despidió de la plaza bursátil limeña.
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Si bien, como señala Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la UPC, “al haber quedado deslistada, no se verá un impacto a nivel local”, en el caso de su matriz que sí lista en las bolsas de Madrid (IBEX 35 y FTSE4Good IBEX) y de Nueva York (DJ US Oil & Gas y Dow Jones), la situación podría ser distinta, sobre todo por la trascendencia del desastre ocasionado.
En ese sentido, Francisco Torres Madrid, profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de ESAN, y Manuel Carpio-Rivero, profesor de Supply Chain Management de Pacífico Business School, coinciden en señalar que aunque no se puede determinar la dimensión de dicho impacto, sí se podría producir una eventual disminución en el valor de sus acciones.
“Determinar la responsabilidad de la empresa puede conllevar a generar tanto pasivos firmes como contingentes. Y, mientras mayores pasivos firmes y contingentes tenga una empresa, independientemente del rubro, los niveles de exposición al riesgo aumentarán. Eso tiene un impacto en las acciones, en cualquier rubro, incluyendo hidrocarburos”, afirma Torres Madrid.
Mientras que Carpio-Rivero sostiene que aun cuando “el daño más grande es el reputacional por la forma como viene respondiendo Repsol a la crisis, ese daño puede generar otras consecuencias como, por ejemplo, pérdida de mercado por una disminución en sus ventas, lo que afectaría directamente la rentabilidad y, eventualmente, una disminución en el valor de sus acciones”.
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¿Más consecuencias negativas?
Pero, debido -a decir de Torres Madrid- a que “el riesgo también se diversifica”, el problema generado por Repsol podría tener un impacto negativo en otros indicadores de la empresa, “en la medida en que se pueda avizorar, como anuncian algunas autoridades, que se realizarán los procedimientos administrativos sancionadores respectivos y otras acciones legales”.
Al respecto, Jorge Luis Ojeda de la UPC sostiene que de haber una multa, “eso sí podría afectar los resultados finales” de la empresa. Aun así, su posición como la refinería más importante de las siete que existen en el país, no se vería afectada.
“Relapasa tiene una posición estratégica muy importante en el país, existen siete pero las tres más importantes están en manos de dos empresas: Relapasa y Petroperú. Pero Relapasa tiene importante presencia en el centro del país, en Lima, y más allá de su imagen que sí está siendo afectada, su distribución y las ventas de la empresa no van a tener ningún efecto porque los consumidores seguirán comprando la gasolina que compran”, asegura.
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De la misma opinión es Torres Madrid. Para el docente de ESAN, el rol que juega Relapasa es importante porque su trascendencia radica en su posición geográfica, ya que se encuentra próxima al punto más importante de demanda, Lima, por lo que “seguirá ubicada en un proscenio estelar en la cadena logística de hidrocarburos, en comparación con otras refinerías ubicadas a puntos cercanos, como la de Conchán, que cuenta con una capacidad de producción reducida”.
Aún así, Carpio-Rivero recomienda trabajar mucho en la prevención de este tipo de eventos y en su mitigación pues esto último no ha sido bien gestionado hasta ahora.
“En la medida que Repsol pueda cambiar su estrategia comunicativa y se haga cargo de la remediación ambiental en las formas y plazos que corresponden, además de corregir las causas raíces que originaron el evento, debería estar en condiciones de operar con normalidad. Dependerá de las acciones y mensajes de Repsol en estos días para saber finalmente cuál fue el daño a su marca y cuánto impactará ello en su market share”, anota.
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¿Renegociación del contrato?
Sobre la propuesta de Perú Libre, que tras lo sucedido en Ventanilla, haya una renegociación del contrato con Repsol, el docente de Pacífico Business School aclara que dicha petición no tiene sentido alguno.
“Este evento ha sido un accidente. Podemos discutir si la respuesta fue oportuna o no. Desde mi experiencia en el sector, y luego de haber gestionado varias crisis similares, creo que no lo fue. Pero, no tiene nada que ver con los términos del contrato. El gobierno no puede renegociar el contrato de Repsol, o de ninguna empresa petrolera, por un hecho aislado y fortuito. El contrato y el derrame son temas que se gestionan en vías diferentes”, afirma Carpio-Rivero.
Similar es la posición de Torres Madrid. “La Pampilla es una instalación de producción de hidrocarburos que se desarrolla en virtud no de un contrato, sino de las autorizaciones que fueron emitidas hace mucho tiempo por el Estado peruano y, por tanto, no hay nada que renegociar. Un contrato que sí incluye a Repsol, es el de del Lote 57 que se encuentra en la selva y cuya operación no tiene ninguna relación con lo sucedido en La Pampilla. En consecuencia, una renegociación de contrato carecería de sustento y no tendría ninguna relevancia con lo sucedido”, señala.
Mientras que Pedro Gamio, director del Programa de Regulación y Fiscalización Ambiental en la Escuela de Postgrado de la UPC, también se muestra en contra de la propuesta del partido de gobierno. “No hay contrato que renegociar. Son autorizaciones sujetas al cumplimiento de normas y reglamentos técnicos y ambientales. Lo previsible es la imposición de multas y sanciones, de acuerdo al resultado de las investigaciones”, concluye el también exviceministro de Energía.