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Ante las denuncias de la aparición de "patrocinadores" del , que obtendrán información del mismo como resultado del convenio suscrito con el INEI (como la Universidad César Vallejo y la empresa de ventas multinivel NAOW), la emitió un comunicado.

En ese contexto, recordó que la información obtenida por el "tiene carácter confidencial y que según la ley de censos, los datos no pueden ser revelados de forma individualizada, aunque exista una orden judicial".

"Solo pueden ser divulgada información estadística de carácter general", refirió la Defensoría del Pueblo, sobre el caso.

Agregó que el INEI tiene "la obligación de administrar y resguardar la información censal". Por el contrario, la infracción a sus deberes legales "conllevaría a responsabilidades penales y administrativas, que nuestra institución velará por que sean efectivas".

Así, la manifestó que el "tratamiento de la base de daros corresponde al INEI, la posibilidad de que terceros tengan acceso a la misma por necesidades de función exhaustivamente fundamentadas, exige el uso de los máximos niveles de seguridad que garantice la total confidencialidad de los datos personales que ella contiene".

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