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La batalla del FC Barcelona contra la reventa de entradas llegó a una nueva fase después de que el club sancionara a 2,822 socios que cedieron sus abonos en el último clásico, realizado en mayo pasado.
La entidad identificó una serie de entradas que contenían códigos QR que coincidían con los de los miembros censurados. Las pérdidas para el club fueron de US$ 1.8 millones solo ese día.
Sanciones
Las acciones tomadas se basaron en función al grado de implicación de los acusados. A un total de 1,673 socios se les suspendió de su condición de abonados durante 18 meses porque no colaboraron ni reconocieron los hechos.
A diferencia de ellos, 481 personas fueron sancionadas a 14 meses de suspensión por colaborar con la entidad. Otros socios, un total de 511, han devuelto el dinero de las entradas, por lo que solo tendrán diez meses de inhabilitación.
Por su parte, 124 personas dieron información sobre terceros y su interrupción como abonados no se alargará más de seis meses. Las medidas más duras, sin embargo, se tomaron contra 33 socios, que han sido expulsados de por vida debido a su reincidencia.
Impondrá querella
El Barcelona también anunció que interpondrá una querella contra las redes de reventa –que incluyen tanto personas físicas como jurídicas – detectadas durante la investigación el día del clásico.
La entidad, que está trabajando con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), explicó que ha reunido “información importante” sobre el funcionamiento de este tipo de redes durante las pesquisas organizadas, señaló Josep Vives, portavoz de la junta directiva del club español.
Asimismo, las personas sancionadas tienen 40 días para apelar la decisión del club ante la justicia ordinaria.
Por otro lado, se decidió poner a la venta los abonos retirados mientras dure el periodo de sanciones de los implicados.
De la misma forma, los carnés de los 33 socios proscritos pasarán a manos de los primeros aficionados del total de 10 mil que están en lista de espera para hacerse con este tipo de membresía.
Expresidente en investigación
Por otro lado, la justicia española abrió juicio oral contra el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, su esposa y otras cuatro personas por lavado de dinero y organización criminal al integrar presuntamente una red con la que se apropiaron fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).
La justicia española le impuso una fianza de US$ 92 millones. Actualmente el exdirectivo del club está con prisión incondicional a la espera de que se realice su juicio.
Por lo pronto, el miércoles culminará su traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que ingresó en mayo de 2017, a la de Brians 2, en la provincia de Barcelona.
