Potencialmente los activos virtuales, entre los que se encuentran las criptomonedas, pueden ser utilizados para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú, advierte un reciente estudio que realizó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Su naturaleza anónima, velocidad y disponibilidad global, regulaciones globales limitadas y fragmentadas, desagregación de intermediarios financieros y la posibilidad de ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios hace de los activos virtuales atractivos para los criminales, señala el informe.
Asimismo, la cantidad de transacciones de criptomonedas que se transan en el país ha crecido de forma importante.
Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS, considera que es necesario que se regulen las actividades relacionadas con los criptoactivos.
El superintendente adjunto de La UIF, Sergio Espinosa, reveló que ya se ha enviado al Ministerio de Justicia un proyecto de decreto supremo para incorporar a las empresas proveedoras de activos virtuales como sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero que identifiquen.
“Eso no necesita de una ley, necesita un decreto supremo del ministerio, que es una modificación al reglamento de la ley de la UIF. El proyecto ya lo hemos presentado el año pasado”, refirió.
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Primer paso en la regulación
Espinosa aseguró que ya se dio el primer paso en el camino para que los proveedores de criptoactivos se conviertan en sujetos obligados a reportar, como ya lo son hoy bancos, notarios, casas de cambio y muchos otros negocios.
“Estamos a la espera para entrar a la supervisión efectiva”, añadió el funcionario durante un taller para periodistas en el marco de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2022, organizado por la SBS.
Sin embargo, detalló que hay hasta dos aspectos adicionales por resolver. Uno es quién será el responsable de la supervisión de estas empresas. “Seguramente lo hará la UIF”, estimó el funcionario.
Y la segunda interrogante es: qué quiere hacer el Perú con los activos y monedas virtuales. “Tenemos los ejemplos desde El Salvador, que reconoce al bitcoin como moneda, hasta Bolivia, que prohíbe el uso de monedas virtuales”, dijo Espinosa.
Opinó que prohibirlos no sería una opción. “No se puede prohibir la realidad, lo que se puede hacer es regularse”, añadió.
¿Qué obligaciones tendrán que cumplir?
Ljubica Vodanovic, socia de Vodanovic Legal, comentó a Gestión que el primer paso en la regulación de los criptoactivos en Perú será en prevención de lavado. “Esa es una decisión que hemos tomado como país y que sigue los estándares internacionales dictados por el Gafi (Grupo de Acción Financiera)”, sostuvo.
Explicó que la regulación que se ha optado por tener significará que todas las plataformas que comercialicen criptoactivos o criptomonedas tendrán que inscribirse en un registro que estará a cargo de la UIF.
Así se podrá saber quién administra las plataformas y cuál es el origen de los fondos. Pero, además, estas empresas deberán conocer a sus clientes para quitarles el anonimato y tendrán que enviar a la UIF reportes de operaciones sospechosas (ROS), detalló.
“Una regulación más desarrollada de criptoactivos vendrá después, pero esto es un primer paso que será muy positivo”, dijo Vodanovic.
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Reportes de operaciones sospechosas
En los últimos cinco años, la UIF recibió 188 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que mencionaron de alguna forma a los activos virtuales, los mismos que presentan una evolución similar a la cantidad de bitcoins que se transan en Perú, según el estudio de la SBS. A setiembre del 2022, el total de los ROS recibidos por la UIF sumaron 15,446, número casi igual al reportado en todo el 2021.