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La constructora Aenza firmó con la justicia peruana un acuerdo de colaboración por la cual reconoce que la anterior gestión de la compañía y seis exejecutivos cometieron actos de corrupción, dijo la fiscalía y procuraduría.
Las demoras en firmar este acuerdo estaban amenazando un compromiso de Aenza de vender el control de la compañía al fondo brasileño de capital privado IG4 Investimentos, dijeron a Reuters en febrero tres personas con conocimiento del tema.
IG4 Investimentos, que acordó en noviembre del 2019 comprar hasta el 25% de Aenza a sus familias fundadoras y exejecutivos, había advertido retirar su oferta si no se concretaba el acuerdo con los fiscales peruanos, agregaron las fuentes que pidieron el anonimato para hablar sobre discusiones privadas.
Bajo este acuerdo judicial, Aenza se compromete a pagar al Estado peruano unos S/ 480 millones (US$ 128 millones) de reparación civil, según un comunicado conjunto del equipo especial anticorrupción del Ministerio Público y la Procuraduría que suscribieron el acuerdo judicial.
Aenza reconoció que la antigua empresa Graña y Montero y sus subsidiarias GyM y Concar, así como seis exejecutivos, cometieron corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
El acuerdo judicial incluye una cláusula donde Aenza se compromete a no iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
Aenza, antes conocida como Graña y Montero, se había asociado con el conglomerado brasileño Odebrecht en proyectos de infraestructura en Perú y había sido acusada de sobornar a funcionarios públicos, incluidos expresidentes.