El congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) presentó un proyecto de ley que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las empresas concesionarias.
La propuesta, denominada “Ley que dispone la transferencia tecnológica por parte de las empresas concesionarias”, establece que toda empresa que reciba concesiones del Estado deberá realizar obligatoriamente transferencia tecnológica al país.
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La iniciativa tiene como objetivo central promover la industrialización del sistema productivo peruano a través del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología nacionales. Para ello, se exige que, desde la entrada en vigencia de la norma, cualquier empresa que opere bajo concesión -en sectores como transporte, energía, minería, entre otros- incluya en su propuesta un Plan de Transferencia Tecnológica.
Este plan debe contener detalles sobre los mecanismos, métricas e instrumentos de supervisión que garanticen una transferencia efectiva, sostenible y de calidad.
Pariona dijo a Gestión que esta ley es “una apuesta por el desarrollo soberano y tecnológico del país”, destacando que el Perú no puede seguir otorgando concesiones sin obtener conocimiento a cambio.
La propuesta busca “corregir la situación actual donde empresas privadas, muchas extranjeras, se benefician de los recursos nacionales mientras el país queda rezagado en capacidades técnicas y científicas”.
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¿Qué es la transferencia tecnológica?
Se trata del proceso mediante el cual se transmiten técnicas, habilidades, conocimientos científicos y tecnológicos que permitan industrializar el sistema productivo nacional, incrementando su competitividad y capacidad de innovación.
Este modelo es aplicado en diversos países, particularmente con licitaciones. Un ejemplo cercano es el mecanismo que aplicó la empresa sueca Saab, que concretó uno de los casos más relevantes de transferencia tecnológica en América Latina con la venta del avión de combate Gripen a Brasil.
El acuerdo, valorado en US$ 4.5 millones, no solo incluyó la entrega de 36 aeronaves, sino también un paquete robusto de transferencia tecnológica: desde el co-desarrollo de la versión biplaza del avión con la empresa Embraer, hasta la capacitación de más de 350 ingenieros brasileños en Suecia.
Además, parte de la producción se realiza en Brasil, y se compartió acceso al software y propiedad intelectual. Este modelo permitió a Brasil fortalecer su industria de defensa y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica.
Perú, también se suma al ejemplo. Corea del Sur, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST), transfirió conocimiento en nanotecnología, biotecnología y materiales avanzados para implementar capacidades locales.
En minería, empresas como Antamina y Southern han transferido al Perú el uso de tecnología de sensores, automatización y software de gestión minera con apoyo de socios extranjeros.
“Para empezar, hay que partir que esta propuesta busca que las inversiones no solo dejen activos físicos, sino también capacidades técnicas y conocimientos estratégicos que impulsen la industrialización y la innovación local”, comentó para Gestión, Eddy Morris, decano de la Facultad de Ingeniería de ESAN University.
Agregó que la transferencia tecnológica obligatoria podría generar beneficios significativos: desarrollo de talento humano, modernización de industrias, reducción de la dependencia tecnológica y un uso más equitativo del conocimiento generado por proyectos financiados con recursos públicos. “Pero estos son solo posibles beneficios, no se asegura que se logren. Es un objetivo”.
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Supervisión y aplicación
El cumplimiento de esta obligación, según el proyecto, será supervisado por el sector que otorgue la concesión, pero bajo la rectoría del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital.
Además, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días desde la entrada en vigor de la norma para reglamentarla y definir los lineamientos específicos.
Eddy Morris considera tres aspectos clave para la aplicación de la norma, de convertirse en ley:
- El objetivo es válido, pero insuficiente por sí solo.
La iniciativa de dejar un legado en conocimiento e innovación es estratégica, pero no basta con una norma legal. Se necesita un entorno institucional y técnico sólido que asegure que el conocimiento transferido sea realmente aprovechado.
- Falta precisión en la definición de “transferencia tecnológica”.
El texto actual es demasiado amplio y permite interpretaciones laxas. Se requieren definiciones claras, criterios verificables y metas concretas para garantizar impactos reales, como patentes, formación certificada o soluciones locales implementadas.
- No hay una estrategia institucional sólida.
Aunque se menciona la supervisión por parte del concedente con apoyo de entidades como CONCYTEC, no existe una estructura operativa ni mecanismos de rendición de cuentas bien definidos. Se propone crear una entidad técnica especializada que coordine, fiscalice y reporte los avances.
4. Se necesitan incentivos, no solo obligaciones.
Incluir recompensas como beneficios fiscales o prioridad en licitaciones puede fomentar una participación activa de las empresas y mejorar la calidad de la transferencia. Un enfoque solo punitivo podría generar cumplimiento superficial.
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Sin costo para el Estado
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no representa un gasto adicional para el Estado peruano, ya que la carga de implementar y financiar la transferencia tecnológica recae totalmente en las empresas concesionarias.
Entre los beneficios que se proyectan destacan el impulso a la industrialización, el fortalecimiento de la competitividad nacional, y la generación de capacidades científicas y tecnológicas en el país.
“Más allá de este proyecto de ley, una transferencia tecnológica solo es útil si el país tiene a quién transferirle y si ese receptor está preparado. El proyecto no menciona ningún vínculo obligatorio con universidades, institutos tecnológicos, o empresas nacionales que puedan recibir y procesar esa tecnología”, enfasó Morris.
“Para que la ley tenga impacto real, debe articularse con una política educativa, científica e industrial que identifique y prepare a los beneficiarios. De lo contrario, se corre el riesgo de que la transferencia ocurra sin dejar capacidades instaladas”, agregó.
Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.
