El parlamentario Darwin Espinoza (Podemos Perú) remitió a la Comisión de Economía del Congreso un proyecto de ley que crea un impuesto para las grandes empresas, con la que se busca captar más ingresos para “acortar las brechas en materia de seguridad ciudadana”.
De acuerdo con el texto —PL 9658/2024-CR— se aplicará una tasa del 0.5% a la Utilidad Neta Anual consignada en la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. Dicho impuesto es independiente a las demás vigentes en la legislación tributaria.
¿Quiénes califican como grandes empresas? Aquellas que superen las 2,300 UIT al año (S/ 11 millones 845,000). Se considerará el nivel de ventas de cada periodo anual al 31 de diciembre de cada ejercicio. La Sunat deberá encargarse de elaborar el listo de las empresas a gravar.
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Katarzyna Dunin, especialista en materia tributaria, explica que la iniciativa de Darwin Espinoza viola el artículo 79 de la Constitución, ya que el Congreso no puede crear un tributo para fines determinados. La única forma de aplicar más impuestos es a disposición del Poder Ejecutivo.
“Carece de sustento. Además, seria un Impuesto a la Renta encubierto. Lo que haría es subir de 29.5% al 30% (el IR) y no le conviene al fisco peruano porque en ciertos supuestos no se van a poder aplicar normas de precios de transferencias en ciertos supuestos”, comentó a Gestión.
Al cierre de esta nota, el congresista Espinoza no respondió las consultas de este diario para detallar los objetivos de su proyecto de ley; no obstante, en su exposición de motivos, insisten en que se debe gravar más a las grandes empresas ante las “limitaciones presupuestarias” realizadas por el Estado, en un contexto donde este grupo “factura más de US$301,000 millones pese a abarcar el 0.6% del panorama empresarial”.
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Gravar más a empresas no garantiza reducir inseguridad ciudadana
Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, advierte que la iniciativa “devela el sesgo ideológico para afrontar los problemas estructurales del país”, ya que es desatinado aducir que al cargar de impuestos a las grandes empresas habrá un impacto positivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Nada asegura que al destinar más recursos, sea gravando más o quitándole a un sector, habrán políticas más efectivas. Ahora vemos la ineficiencia operativa y falencias judiciales con sanciones que no son efectivas”, añadió a Gestión.
Zacnich insistió en que no responde “a una falta de recursos” porque los gobiernos regionales y locales dejan de ejecutar “entre el 40% o 50%” de sus presupuestos anuales. “Es la falta de capacidades para hacer con esos recursos lo que se debe atender”, soslayó.
De acuerdo con el portal de transparencia económica del MEF, los gobiernos locales han avanzado 55% en la ejecución de recursos de sus presupuestos para “Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana”; mientras que los gobiernos regionales, gastaron el 65.6% en “Orden público y seguridad”.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
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