La Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió la Resolución N°3631-2025/CCO-INDECOPI mediante la cual decidió enviar a Bolsa de liquidación el caso de Doe Run Perú S.R.L. en liquidación (DRP).
En dicha instancia, se pretende elegir a una nueva empresa a cargo del proceso de liquidación de activos de DRP, tarea encomendada a Liquidadores A-1 desde enero del 2022, y que ha tenido como principales resultados la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), así como la venta de la Unidad Minera Cobriza (UMC), entre otras acciones.
Por ese motivo, los representantes de los trabajadores acusan que la resolución del Indecopi ha sido una salida facilista, pues hizo caso omiso al pedido del crédito laboral (extrabajadores de DRP), quienes solicitaron formalmente destrabar un proceso que lleva 14 años en marcha, a través de una Junta Única.
“Toda esta situación pone en incertidumbre a la masa laboral, porque sabemos que de la liquidación en bolsa puede salir cualquier liquidador que verá por sus intereses, como es cobrar hasta un tope del 20% de comisión por ejecutar los activos“, sostuvo Luis Alberto Cuadrado, representante del crédito laboral.
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Trabajadores de Doe Run evalúan acciones
Bajo ese contexto, Cuadrado subrayó que los 3,500 trabajadores de DRP y sus familias analizan las acciones que tomarán, pues recuerdan que este proceso está entrampado por 14 años. "Estamos evaluando las medidas a tomar porque esta resolución del Indecopi no favorece para nada a los acreedores laborales”, anotó.
Según el representante, los trabajadores han estado de acuerdo con el desarrollo de este proceso a cargo de Consultores A-1 y siempre es el acreedor vinculante Doe Run Cayman quien todos estos años no les ha dejado avanzar la liquidación. “No vamos a exponernos al ingreso de un nuevo liquidador que desconocemos su intención y su forma de trabajo, más aún cuando solo faltaba realizar un último activo”, advirtió.
Justamente, este último activo está constituido en un fondo fideicomiso en una cuenta bancaria, de alrededor de US$20 millones, que deberá ser repartido entre los acreedores laborales con deuda concursal y los que no han podido cobrar deuda corriente. Según está establecido en normativa legal vigente, los acreedores de índole comercial cobrarán posteriormente se cobre la deuda laboral.
En las últimas juntas de acreedores de Doe Run Perú, se ratificó hasta con un 64% a Consultores A-1 como empresa liquidadora a cargo del proceso, faltando solamente 3% para alcanzar una mayoría calificada. Por esa razón, los acreedores laborales consideran que la comisión de procedimientos concursales ha debido de ser un facilitador de la voluntad de los acreedores, y promover a través de una resolución la junta única.
La propia resolución que decide llevar a bolsa de liquidaciones el caso de DRP señala que la misma puede ser impugnada, es decir, se puede presentar un recurso de reconsideración o un recurso de apelación.
