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La amenaza del premier Guido Bellido por nacionalizar Camisea, si es que la empresa no se sienta a renegociar con el Estado, ha sido reconocida como una contradicción del Gobierno, luego que Pedro Castillo indicase estos días que respetará la inversión privada.
El retiro de la empresa concesionaria de Camisea que extrae y produce gas natural, podría generar al Estado peruano una demanda internacional millonaria.
El costo de nacionalizar se ha estimado entre US$ 10,000 millones y hasta US$ 30 millones para el Perú, lo que implica además de la demanda internacional, el costo de operar el proyecto de Camisea como entidad del Estado.
Para el caso de la demanda internacional, este caso podría sumarse a los otros 20 contra el Perú, que se discuten en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Este escenario ya es conocido por el Consorcio Camisea, dado que recientemente el Estado peruano ganó arbitraje, a través del cual deberán pagar el Perú alrededor de US$ 64.9 millones como parte de las regalías que le corresponden al país por la extracción de gas.
Otros casos en el CIADI
La última demandada entre el CIADI fue la presentada por la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, en parte para solucionar temas relacionados a los reajustes de precios de la construcción por la inflación, entre otros.
De acuerdo con el MEF, al cierre de 2020, la exposición máxima derivada de contingencias explícitas por controversias internacionales en temas de inversión, presentada como los montos de pretensión de los demandantes, ascendió a 2.01% del PBI de 2020, mayor al 1.78% del PBI reportado en 2019.
Este incremento se debe a que se han reportado montos de pretensión para los procesos de los casos presentados por IC Power Ltd and Kenon Holdings Ltd y Latam Hydro LLC and CH Mamacocha S.R.L., incrementos de pretensión y nuevos procesos.
Cabe indicar al cierre del 2020, existían siete procesos con montos de pretensión no especificados por los respectivos demandantes, por lo que es de esperarse que la exposición máxima sea mayor a 2.01% del PBI.
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