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BBVA México advirtió un “trato discriminatorio” del Gobierno mexicano contra empresas privadas de energía tras un cambio en las reglas de exportación que beneficiaría a la petrolera estatal Pemex.
“Representa un trato discriminatorio a las empresas privadas con efectos contrarios a la competencia al generar incertidumbre en las inversiones, limitar las posibilidades de competir en el mercado y otorgar ventajas exclusivas a Pemex”, expresó el banco en un informe.
El 11 de junio, el Gobierno publicó una modificación de las Reglas Generales de Comercio Exterior que establece que solo las empresas estatales podrán importar y exportar mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y precursores químicos en un lugar distinto al que tienen autorizado.
BBVA explicó que con esta decisión se “restringe a las empresas privadas la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por un punto o puerto distinto al autorizado” mientras que “las empresas productivas del Estado son las únicas que pueden recibir autorización para importar desde cualquier punto”.
Según la institución financiera, las empresas privadas importaron 450,000 barriles diarios en el primer trimestre del 2021, lo que representa un 46% de las importaciones.
“Limitar la capacidad de las empresas privadas para decidir el punto de importación más eficiente afecta al proceso de competencia ya que eleva artificialmente los costos para abastecer su red de estaciones de servicio y atender a clientes de otros sectores industriales”, advirtió BBVA.
Sugirió que “podría ser violatorio del T-MEC”, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que “la medida afecta las inversiones de empresas extranjeras e inhibe la libre competencia a favor de las empresas estatales”.
BBVA recordó que los productos petrolíferos han sufrido “un alza en precios superiores a la inflación” por un aumento de la demanda internacional ante la reactivación económica y predijo que “la restricción de oferta tendrá efectos en los costos del insumo para empresas de transporte”.
El banco también arremetió contra el anuncio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de suspensión de 82 empresas del padrón de importadores y exportadores a raíz de faltas administrativas.
“El trato discriminatorio y la suspensión de permisos van en contra de los principios bajo los cuales se dio la apertura del mercado de combustibles en el 2017”, criticó.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es contrario a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas.
El actual mandatario mantiene una batalla legal para dar prioridad a las energéticas públicas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) por delante de los generadores privados nacionales y extranjeros.
