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El sector salud pasa por un momento de parálisis en cuanto a grandes inversiones. Las razones son varias, según Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Privadas del Perú (ACP).
A pesar de que en el 2022 hubo algunas operaciones nuevas que se implementaron en la zona de influencia de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia y que para el 2023 ya se alistan nuevos proyectos como el de Sanna y San Felipe en La Molina, para el directivo de ACP se trata de centros de primer nivel de atención y no grandes clínicas con muchas camas y quirófanos.
Cabe destacar que un proyecto de salud de gran envergadura como la Clínica Delgado, con 170 camas y 90 consultorios tuvo una inversión de aproximadamente US$120 millones, según Ramos Romero, mientras que una clínica puede tener un costo aproximado de US$7 millones como mínimo, de acuerdo con lo que reveló Grupo Eco Plaza a Gestión sobre su más reciente inversión.
“Actualmente, la oferta privada a nivel nacional es alrededor de 11,000 IPRES (instituciones prestadoras de salud), sin embargo, el 90% siguen siendo consultorios, policlínicos y centros médicos”, comenta Ramos.
Obstáculos para la inversión
Para el gerente de ACP, una de las razones por las que no hubo ni habrá inversiones de grandes proyectos en el sector salud es que hay una demanda de servicios privados que aún es muy pequeña. “El 95% de los ciudadanos del país están asegurados en el sector público”.
A eso hay que sumarle la incertidumbre y las “sombras de intervencionismo” que hay en el sector, según Ramos Romero. “El superintendente ha hecho notar con mucha frecuencia su ánimo por querer hacer control de precios sobre las clínicas y también sobre aseguradoras. Esta situación no genera la confianza en quienes quieren invertir”, se lamenta.
Otro factor que afecta la inversión, de acuerdo con el directivo de ACP, es que, a pesar de que el 95% de la población está asegurado en el sector público, al no ser atendidas adecuadamente, recurren al sector privado para atenderse y al gasto de bolsillo.
“Este tipo de gasto para el 2021 era de S/11 mil millones. De todo ese gasto, el 69%, casi S/7 mil millones, era realizado por asegurados del sector público, es decir, personas que no deberían pagar nada”, estima Ramos.
“Si bien es cierto que eso genera un gasto que se dirige a las pequeñas clínicas, policlínicos o centros médicos, este no es suficiente para incentivar la inversión porque es un gasto regresivo, que va en contra de los ciudadanos”, señala.
La solución para la ACP es adaptar el modelo chileno al nuestro, en el que las personas, si no encuentran una atención adecuada en un tiempo limitado, pueden optar libremente por ir a un centro privado y este se encargaría de cobrarle al SIS (Fonasa, en caso de Chile).
Propuesta
Una de las propuestas de ACP es una modificatoria de la normativa que permita permita la libre elección de los prestadores de salud. “Es decir, aunque yo sea asegurado EsSalud o SIS, pueda atenderme en el lugar que me ofrece la mejor calidad a la mayor oportunidad de atención posible”, explica.
“Si una institución pública no puede resolver un problema en 90 días o darme una consulta entre 30 y 60 días, uno como ciudadano puede estar en libertad de atenderse en un servicio de salud privado y tanto el SIS como EsSalud deben estar obligados a cubrir esa atención”, agrega.
Ramos argumenta que esta modificación a la norma ayudaría a resolver el problema de más del 60% de la población, al menos, en lo que se refiere a atención de primer nivel.
