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Antofagasta Plc, la minera de cobre propiedad de la familia más rica de Chile, se reserva el juicio sobre cómo una nueva Constitución afectaría a la actividad minera en el país, sin embargo, a primera vista su director ejecutivo no ve que las nuevas reglas descarrilen sus proyectos.
Miembros de la Convención Constitucional rechazaron una propuesta para reemplazar un modelo de concesión favorable a los inversionistas, pero aprobaron una expansión de la gobernanza ambiental, incluida la remodelación de las reglas de los recursos hídricos y la prohibición de la minería en los glaciares.
Los analistas de BTG Pactual estiman que las nuevas protecciones de glaciares y otras áreas sensibles representan un riesgo para cerca de una quinta parte de la producción de cobre del país, y nombraron a la mina Los Pelambres de Antofagasta entre las que podrían verse afectadas.
Si bien el proceso constitucional aún tiene que desarrollarse y quedan dudas sobre cómo afectaría las regulaciones mineras, el presidente ejecutivo de Antofagasta, Iván Arriagada, dijo que las propuestas ambientales “no son una preocupación principal para nosotros” dado que de cualquier forma la compañía se está moviendo en esa dirección y el sitio de Pelambres no tiene ningún glaciar.
“Puede haber algunas pequeñas formaciones de permafrost y tendríamos que planificar la minería a su alrededor, pero no representa un gran problema”, dijo Arriagada en una entrevista al margen del evento New Economy Gateway Latin America de Bloomberg en Panamá.
Es probable que cualquier obstáculo que se genere de disposiciones ambientales e indígenas más estrictas para los proyectos mineros en Chile no represente un factor decisivo para la próxima inversión de Antofagasta, la segunda concentradora en Centinela, dado que no se encuentra en un área ambientalmente sensible y no tiene cerca comunidades indígenas.
La gerencia planea llevar para fin de año el proyecto de la concentradora al directorio, cuando debería haber mayor claridad sobre la Constitución y la reforma tributaria. Se espera que la producción de la compañía se recupere el próximo año con una planta desalinizadora en funcionamiento en Pelambres y una mejor calidad del mineral en Centinela. La ampliación de Centinela y un futuro proyecto en Pelambres le dan a la empresa el potencial de llegar para el 2026 a las 900,000 toneladas.
Si bien el proyecto de Constitución, que nació de las protestas sociales masivas en el 2019, no contiene ninguna reestructuración drástica, carece de una referencia explícita a los derechos mineros, lo que deja la legislación más vulnerable a los cambios.
La industria ya está haciendo de los temas ambientales, sociales y de gobernabilidad una parte central de su enfoque, dijo Arriagada. Antofagasta, al igual que otras compañías mineras en Chile, está cambiando a agua de mar en medio de una sequía de 12 años mientras usa solo energía renovable y busca formas de reemplazar el diésel.
El director ejecutivo señaló que, si bien el nuevo Gobierno planea aumentar los impuestos, también ha reconocido la importancia de la minería para la futura prosperidad del país. Asegurar que Chile siga siendo competitivo es crucial para la capacidad de los productores de satisfacer la creciente demanda del metal para cableado, a medida que los países presionan para electrificar sus economías al tiempo que las minas se vuelven más complicadas y costosas de desarrollar.
El declive en la calidad del mineral está haciendo de Chile un lugar desafiante para producir cobre, dijo Arriagada. Aun así, la nación, que representa más de una cuarta parte de la producción mundial, conservará una parte justa del mercado en el futuro, señaló.