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El último martes, la minera Antamina -la mayor productora de cobre de Perú controlada por Glencore y BHP Billiton- informó que manifestantes bloquearon una carretera usada por la compañía, en la última de una serie de protestas contra importantes yacimientos desde que Pedro Castillo asumió al poder.
A este conflicto se suman también el bloqueo de una vía que afecta desde la semana pasada a la cuprífera Las Bambas, de la china MMG Ltd; y la protesta de comunidades desde el lunes contra Constancia de Hudbay Minerals.
Antamina dio cuenta que manifestantes habían bloqueado una carretera a 60 kilómetros de la mina ubicada en la región de Ancash, alegando que la empresa no había cumplido con ciertos compromisos sociales.
“Antamina invoca a las autoridades regionales y nacionales a que nos ayuden a retomar el diálogo en un clima de paz social y entendimiento recíproco”, dijo la firma en un comunicado.
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Ante ello, hoy la minera decidió suspender sus operaciones alegando -en un comunicado- “la seguridad, vida y salud de las personas son asuntos de suma importancia. Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas o para seguir trabajando en los proyectos y obras por el desarrollo en nuestra área de influencia operativa”.
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La mina recuerda que durante los últimos días se ha apelado al diálogo y la búsqueda de entendimiento.
“Hemos manifestado nuestra disposición a escuchar, atender inquietudes y contestar consultas. Hemos tendido la mano en busca de acuerdos y nos han respondido con falsos señalamientos”, dice.
Acotó que lo más preocupante aún es que han sido objeto de acciones violentas y recibido veladas amenazas de generar más violencia; mientras se anuncian supuestas “alianzas” entre malos dirigentes para seguir generando alteraciones de la paz social.
“No queremos esperar a que ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad física de nadie. Tampoco que se registren incursiones que afecten los bienes de terceros o nuestras instalaciones. Se trata de riesgos que sentimos latentes y que configuran infracciones de orden penal intolerables en un Estado de Derecho, tales como delitos contra la seguridad pública en las modalidades de peligro común, mediante incendio y de entorpecimiento de vías de comunicación y delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios”, subrayó.
La minera consideró que el Gobierno y sus autoridades actúen para restablecer el orden y las condiciones necesarias el diálogo y entendimiento. “Mientras estas condiciones no se alcancen, no podemos seguir operando. La seguridad, la vida y la salud de todos, sin excepción, es lo más importante para Antamina”.
-No se han usurpado terrenos-
La minera Antamina negó -además- haber usurpado terrenos de la comunidad de Aquia, que mantiene un bloqueo en la provincia de Bolognesi, Áncash, a más de 60 km de la operación de la compañía.
“Es falso hablar de usurpación de terrenos. La carretera que lleva hacia Antamina es una vía pública nacional. Nuestra empresa la construyó hace más de 20 años, la entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, actualmente, realiza el mantenimiento rutinario sin generar ningún costo financiero al Estado”, indicó en un comunicado.
“Los terrenos sobre los que se construyó la carretera fueron comprados, entre otros, a la comunidad de Aquia. Todo está registrado legalmente”, añadió.
La presencia de la empresa en Aquia está centrada en el mineroducto que transporta los minerales al puerto Punta Lobitos, ubicado en Huarmey, así como instalaciones de soporte. El mineroducto es subterráneo y, en el caso del tramo que traviesa la comunidad de Aquia, sigue el trazo de la carretera.
“Al ser subterráneo, el mineroducto no tiene huella alguna en la superficie y fue construido precisamente así para mitigar cualquier impacto en el traslado del mineral hacia el puerto de embarque. Los predios por los que pasa el mineroducto cuentan con los permisos y la documentación exigidos por las leyes y el Estado Peruano”, añadió.
Por otro lado, Antamina afirma que algunas instalaciones de soporte al mineroducto fueron instaladas en predios adquiridos a la comunidad hace 20 años.
“No es verdad que Antamina esté usando terrenos en Aquia como botaderos o para hacer vertimientos. Negamos enfáticamente esta afirmación, que es falsa y que genera confusión y afecta la paz social”, puntualizó.
