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El Distrito de Columbia está demandando a Amazon, alegando que la compañía dejó de proporcionar en secreto su servicio de entrega más rápido a los residentes que viven en dos vecindarios predominantemente negros de Washington, pero aún así está cobrando a los residentes millones de dólares por ese servicio.
La demanda, presentada el miércoles en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia, gira en torno al servicio de membresía Prime de Amazon, que cobra a los consumidores US$ 139 por año o 14.99 por mes por entregas rápidas, incluidos envíos de un día, dos días y el mismo día, así como otros beneficios.
La demanda indica que a mediados de 2022 el minorista con sede en Seattle impuso lo que llamó una “exclusión” de entrega en dos códigos postales —20019 y 20020— y comenzó a depender exclusivamente de servicios de entrega de terceros como UPS y el Servicio Postal, en lugar de sus propios sistemas de entrega.
Amazon afirma haber realizado el cambio basado en preocupaciones sobre la seguridad de los conductores, señala la demanda.
Sin embargo, la fiscalía general del Distrito de Columbia dijo que la compañía nunca informó a los miembros de Prime en los dos códigos postales sobre el cambio, aunque experimentaron entregas más lentas como resultado. Amazon tampoco informó a los nuevos clientes sobre las exclusiones cuando se inscribieron en las membresías Prime, dice la demanda.
“Amazon está cobrando a decenas de miles de residentes trabajadores del Distrito 7 y del Distrito 8 por un servicio de entrega acelerada que promete pero no proporciona”, dijo en un comunicado el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, haciendo referencia a las dos áreas de la ciudad donde se acusa a Amazon de excluir sus entregas más rápidas.
“Mientras que Amazon tiene todo el derecho de hacer cambios operativos, no puede decidir encubiertamente que un dólar en un código postal vale menos que un dólar en otro”, dijo Schwalb.
La demanda dice que Amazon tiene casi 50,000 miembros Prime que viven en los dos códigos postales, un número que representa casi la mitad de la población. Los miembros Prime en esos vecindarios han pedido más de 4.5 millones de paquetes en los últimos cuatro años y es más probable que dependan de Amazon ya que tienen menos servicios y tiendas minoristas cercanas, dijo la ciudad. La zona también es un conocido desierto alimentario.
El distrito dice que en 2021, antes de que Amazon implementara su “exclusión” de entrega, más del 72% de los paquetes Prime en los códigos postales afectados se entregaron en dos días. Pero el año pasado, solo fue el 24%, según la demanda.
“Sin que estos residentes lo supieran, Amazon les ha cobrado colectivamente millones de dólares por un servicio que no reciben”.
Mientras tanto, la demanda dice que los miembros Prime que viven en otras partes de la ciudad recibieron entregas de dos días el 75% del tiempo.
Cuando algunos clientes se quejaron de las entregas más lentas, Amazon ocultó la verdadera razón de los retrasos e “insinuó engañosamente” que los retrasos “se debían simplemente a fluctuaciones naturales en las circunstancias de envío, en lugar de una decisión afirmativa de Amazon”, dice la demanda.
Los funcionarios del distrito están pidiendo al tribunal que prohíba a Amazon “participar en prácticas injustas o engañosas”. También quieren que la compañía pague restitución o daños a los miembros Prime afectados, así como sanciones civiles.
La demanda presentada el miércoles representa la segunda gran batalla legal entre Amazon y el Distrito, que también ha presentado una demanda antimonopolio contra la compañía.
Amazon no tardó en responder
En un comunicado, una portavoz de Amazon tildó de “categóricamente falsa” la acusación de que sus prácticas comerciales son engañosas, y explicó que la compañía excluyó ciertos barrios “para proteger la seguridad de los repartidores”.
“En estos códigos postales se han producido actos específicos dirigidos contra los conductores que entregan paquetes de Amazon”, aseguró.
Por su parte, Schwalb reconoce que “las empresas que operan en el distrito tienen el derecho a tomar medidas para proteger a sus empleados”, pero subraya que “tienen la obligación de ser transparentes para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas”.
Esta no es la primera vez que Amazon se enfrenta a una acusación de este tipo: en 2016, una investigación de Bloomberg reveló que la empresa excluía de sus servicios de entrega en un día aquellos códigos postales donde vivían, en su mayoría, personas negras.
Con información de AP y EFE
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