
El gerente general de Aeropuertos del Perú (AdP), Evans Avendaño, resaltó que tienen en carpeta una serie de inversiones por casi US$ 800 millones para mejorar la infraestructura de los 12 terminales que manejan.
“Tenemos 600 millones de dólares en inversiones en rehabilitaciones de pista en los últimos años y casi 780 millones (de dólares) para los próximos cinco años”, dijo a Gestión, en el marco del primer aniversario de los vuelos comerciales de Lima a Anta (Huaraz).
Además, mencionó que hacia el final del horizonte de su concesión “si salen todos los proyectos que estamos desarrollando”, el monto invertido en modernización de infraestructura superaría los US$ 2,000 millones.
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Cabe recordar que AdP es la concesionaria de los aeropuertos de Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. Para el corriente esperan movilizar alrededor de 8 millones de pasajeros en su red de terminales.
Llamado de atención al Estado
Avendaño recalcó que Aeropuertos del Perú es una concesión cofinanciada que, a pesar de ser una empresa privada, tiene a todos sus proyectos catalogados como inversión pública, por lo que deben regirse a los filtros y autorizaciones como si fuese una obra pública.
“Nosotros estamos desarrollando para cada uno de los aeropuertos que tenemos a cargo la ampliación o rehabilitaciones de pistas que necesitan todas las aprobaciones de todas las instancias del Estado. Hay muchas instancias y actores y no hay alguien que lidere estos procesos”, sostuvo.

Cuestionó además que existan incentivos institucionales que frenan la toma de decisiones de los funcionarios por el temor a que “la Contraloría les inicie algunos juicios”. En esa línea, señaló que sacar adelante un proyecto aeroportuario tarda entre 10 y 12 años.
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Dentro de las soluciones, destaca que ha habido acercamientos con carteras como el Ministerio de Economía y Finanzas —durante el periodo de José Salardi— para ya no contar con un perfil tan desarrollado sino, apostar por el nivel de ingeniería de visualización para elaborar un expediente técnico, lo que ayudaría a reducir los tiempos en la elaboración de los perfiles. También sería oportuno tercerizar los estudios que se realizan en las instituciones del Estado.
“Hay una serie de medidas, entre ellas, permitirnos contratar bajo la modalidad de EPC (Ingeniería, Compras y Construcción, traducido de sus siglas en inglés) para agilizar los procesos. Con todo esto nos podríamos ahorrar varios años para desarrollar los proyectos. Ya lo sabe el Estado y en eso estamos trabajando. Lamentablemente dar luz a esas soluciones toma tiempo”, apuntó.