
El Directorio de Aenza informó, mediante un comunicado, que se ha tomado la decisión de iniciar acciones legales contra tres ex directivos de la compañía, por acciones ilícitas vinculadas a los casos “Club de la Construcción” y “Lava Jato”.
La compañía señala que estos actos de corrupción, atribuibles a Jose Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, que en el caso de los dos primeros han sido reconocidos ante la justicia peruana, fueron acciones deliberadas y calculadas para instrumentalizar la compañía.
“Se ejecutaron a espaldas de todos los órganos de gobierno y de todos los que formaban parte de la empresa, vulnerando los valores y la confianza que la compañía había construido durante años. Sus acciones generaron en Aenza y en su equipo un severo daño económico y reputacional, que incluyó la cancelación de contratos, la pérdida de miles de puestos de trabajo y una gran incertidumbre en las más de 7,000 familias que hoy dependen de la compañía”, sostuvo la firma.
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En ese marco, la empresa indicó que viene cumpliendo diligentemente con sanciones impuestas como consecuencia de estas acciones ilícitas, tales como el pago de una reparación civil y un periodo de impedimento para contratar con el Estado.
Asimismo, mencionó que, desde el 2021, ni estos exdirectivos ni nadie vinculado a la familia fundadora tiene participación o injerencia alguna en la gestión o en los órganos de gobierno de la compañía, y tampoco tienen vinculación con los accionistas actuales. Hoy, la propiedad de Aenza está en manos de accionistas institucionales y ya no existe un accionista controlador, añade.
“Los principales dueños de la compañía son los cuatro Fondos de Pensiones Peruanos (AFPs), que en conjunto poseen el 43.8% del capital. El segundo accionista de referencia es IG4 Capital, un fondo de inversión internacional regulado por estrictas normas del Reino Unido, que participa en el accionariado con 27.8%”, se lee en el comunicado.
Finalmente, la compañía menciona que actualmente cuenta con un robusto sistema de gestión antisoborno, certificado bajo la norma internacional ISO 37001.







